Escándalo seguros: allanan casas y oficinas de allegados de Alberto Fernández

El juez federal Julián Ercolini ordenó una serie de allanamientos en el marco de la causa que investiga los sospechados negociados en la Anses con la contratación de seguros para los jubilados que tomaban créditos y las millonarias comisiones que se pagaron a intermediarios cercanos.

Fuentes judiciales confirmaron que la División de Delitos Federales de Policía Federal ingresó a los domicilios particulares y comercia del extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker cercano a Alberto Fernández Héctor Martínez Sosa y del intermediario Pablo Torres García, todos imputados por el delito de administración fraudulenta.

Los operativos ordenados por Ercolini buscan obtener todo tipo de documentación relacionada con la maniobra bajo investigación.

En este caso donde el principal imputado por administración fraudulenta, es el ex presidente Alberto Fernández, el juez federal busca "información, documentación y soportes electrónicos que puedan contribuir a la investigación".

Bajo investigación se encuentran el ex jefe de Estado, su secretaria María Cantero y los ex funcionarios y brokers de seguros Alberto Pagliano, Pablo Andrés Torres García, Juan Manuel Manganaro y Héctor Martínez Sosa.

La maniobra bajo investigación tiene punto de inicio a fines de 2021, cuando el presidente Alberto Fernández ordenó que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros que, a su vez, “contrataba a un broker y a empresas privadas”, sostiene la denuncia de la abogada Silvina Martínez que dio origen al expediente.

La causa penal analiza el entramado de contrataciones opacas con el rubro seguros. Se desnudó una estructura que funcionaba dentro de la ANSES y que movió cerca de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros.

Para clarificar esta estructura es que el juez Ercolini ordenó obtener más información a través de los allanamientos ordenados en los domicilios particulares como en los de las respectivas empresas.

Junto a los elementos que se secuestren, el juzgado aguarda que a través de diferentes organismos el Gobierno remita los informes, reglamentaciones, decretos y auditorías que se requirieron la semana pasada mediante orden de presentación.

Fuente: Clarín