“Expropiación si, intervención no”: el análisis de un abogado bahiense

El abogado bahiense Maximiliano Görg se refirió hoy en LA BRÚJULA 24 a la polémica instalada en torno a la anunciada expropiación de la empresa Vicentin.

Cabe recordar que anoche, el propio presidente Alberto Fernández, protagonizó un fuerte cruce con la periodista Cristina Pérez en TV, justamente por dicho tema.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, Görg señaló que “lo que hay que decir es que hay una ley de Expropiación en la Argentina desde el año 1977, no está inventada ahora”.

“Lo que parece un poco extraño es que acá hay una empresa concursada, que no es lo mismo que una quiebra. El concurso preventivo es un sistema mediante el cual una persona (compañía) que está con deudas, lo que hace es meterse en un proceso con acreedores y trata de hacerles una propuesta para pagarles de la manera que pueda”, confirmó el especialista.

Y agregó: “Es como un acuerdo que se hace ante un juez para homologarlo. Ese es básicamente un sistema habitual. La quiebra se da cuando hubo un concurso que no llegó a su fin o directamente no hay forma de solucionar nada. Ahí la empresa junta a los acreedores para vender los activos”.

“En ese contexto se advierte que son dos cosas distintas. En el concurso se sigue la administración de la empresa y en la quiebra viene el juez y remata todo”, aseveró el letrado.

Intervención del Gobierno en Vicentin

“La ley de Expropiaciones en ningún lado habla de intervención, no existe. Lo único que manifiesta es algo que se llama Ocupación Provisoria, que es cuando hay alguna urgencia y el Estado, antes de mandar todo al Congreso, podría hacer esa ocupación para salvaguardar que no haya dilapidación de activos. Pero en este caso, como hay un concurso, hay un juez que controla la administración, es decir que no podría el Estado ejercer esa función”, indicó Görg.

Y remarcó: “La división de poderes establece justamente que el juez tiene que controlar toda la situación, nadie puede meterse. Es decir, el Estado no puede intervenir una empresa privada, es lo que dice la ley claramente. Lo de la utilidad pública es un buen argumento para la expropiación, pero no para la intervención”.