Fiscal que se opuso a la salida de Barragán: “El 70% de los presos pide la domiciliaria”

Un verdadero escándalo se desató en torno a Miguel Ángel “Oreja” Barragán, el preso beneficiado con arresto domiciliario en Bahía Blanca, luego de haber egresado el fin de semana de la cárcel de Villa Devoto y que en las últimas horas dio positivo en coronavirus.

Al respecto el fiscal Gabriel González Da Silva explicó en LA BRÚJULA 24 las razones por las que, al igual que el juez bahiense Pablo Larriera, se mostró en contra de la liberación de Barragán, más allá de que finalmente terminó prevaleciendo la opinión de los restantes dos magistrados federales de Santa Rosa.

“Estamos teniendo múltiples pedidos de otorgamiento de beneficio. Se está discutiendo si tramitará en Bahía Blanca o en algún juzgado de Buenos Aires”, reconoció González Da Silva, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y añadió con relación al caso de este peligroso sujeto: “La semana pasada me opuse (a la prisión domiciliaria) por la expectativa de pena, la gravedad del hecho y porque más allá de las dolencias que presentaba el interno, no había ningún informe que hiciera saber de un posible contagio de COVID-19”.

“El 70% de la población carcelaria ha presentado algún tipo de recurso para obtener una morigeración del encarcelamiento. Y me opuse a todos. En algunos casos se presentan por el rango etario, por las dificultades físicas o hasta por ninguna de estas dos circunstancias”, resaltó el fiscal en otro segmento de la entrevista radial.

Con relación a la nómina que surge desde las cárceles, dando cuenta de la situación de salud de los internos, aseveró que “la lista que presentó el servicio penitenciario es genérica porque solo habla de las dolencias que presentan los detenidos. En este caso tenía epoc y trastorno coronario. Pero no se refiere si existen otros medios para impedir el contagio o tratar el problema del COVID-19”.

“El servicio penitenciario también tiene hospitales o cárceles preparadas para este tipo de casos. Hasta donde intervine, no tenía noticias que Barragán estaba infectado por COVID-19. Solo se me había hecho saber sobre los problemas cardíacos. Y lo que manifesté es que buena parte de la población carcelaria presenta el mismo panorama y que el servicio penitenciario tiene recursos para atenderlo. Incluso, en muchos casos pueden ser atendidos hasta mejor que en su casa”, sostuvo.

Sobre los pasos a seguir, González Da Silva reveló que “estamos analizando recurrir el fallo ante la Cámara de Casación. El informe genérico del servicio penitenciario debe tener 30 días y no hubo ningún otro comunicado específico sobre Barragán, vinculado sobre si tenía o no COVID-19”.

“En estas causas donde me opongo y el Tribunal otorga, la gran mayoría son apeladas. En esta en particular tengo 10 días para definir qué voy a hacer con el caso Barragán”, concluyó el fiscal.