La luz bonaerense subió 3.500% en casi 5 años

Desde enero de 2015 las tarifas eléctricas en provincia de Buenos Aires registraron un incremento que supera el 3500%, evaluó un informe de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) que rechazó el reciente incremento del 25% dispuesto por las autoridades bonaerenses.

"Desde esa fecha (31 de diciembre de 2015) hasta el presente las tarifas eléctricas tuvieron un incremento permanente y el valor de las facturas en el plazo de cuatro años registró un incremento que supera el 3500%", sostuvo DEUCO.

La entidad destacó que el ministerio de Infraestructura provincial, a través de la Resolución 1713/2019, publicada en el Boletín Oficial el 28 de octubre, autorizó un nuevo incremento de las tarifas de las distribuidoras eléctricas, estimado en un 25% promedio.

Según las estimaciones de la entidad que conduce Pedro Busetti, en la comparación interanual, tomando en cuenta la Resolución 214 de 2018, que tuvo vigencia hasta enero de 2019, el incremento de esta año supera el 50%, sin impuestos.

"En el contexto socioeconómico que estamos viviendo los argentinos con el crecimiento de la pobreza e indigencia y el consiguiente deterioro de los ingresos de la población usuaria del servicio eléctrico, DEUCO rechaza el incremento dispuesto por el gobierno provincial", indicó ayer la entidad en un comunicado.

"Siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de la Nación, en el fallo CEPIS, sostenemos que las tarifas deben ser justas, razonables, equitativas y asequibles a los ingresos de los usuarios", agregó DEUCO.

En tanto, la Confederación General Económica (CGE) calificó de "políticamente inoportuna, económicamente asfixiante y socialmente provocativa" al último incremento autorizado por la gobernadora María Eugenia Vidal en las tarifas de electricidad.

La entidad advirtió, además, que "la medida alimenta un círculo vicioso de más recesión, inflación y pobreza y una caída de la recaudación impositiva".

La CGE es una entidad gremial empresaria federal de cuarto grado que integra federaciones empresarias pymes de 24 provincias, entre ellas a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y a la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).

"El actual gobierno encabezado por la gobernadora Vidal debería dejar sin efecto la medida, en el marco de una política de estado que priorice la actual realidad económica de los bonaerenses por sobre un contrato que hoy está divorciado de esa misma realidad", indicó la entidad empresarial.

Fuente: Diario Popular