Malvinas: Argentina podría iniciar acciones penales contra directivos de petroleras británicas

El canciller Pablo Quirno advirtió este jueves que la Argentina podría iniciar acciones penales contra los directivos de empresas petroleras británicas que buscan explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas, en el marco de la disputa de soberanía con el Reino Unido.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario aseguró que el Gobierno nacional avanzará con todas las herramientas diplomáticas y judiciales disponibles para impedir el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas.

"Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas", afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de iniciar procesos judiciales contra los responsables de las compañías, Quirno respondió: "Absolutamente, sí, absolutamente".

Según informó la agencia Noticias Argentinas, las declaraciones se produjeron después de que el diario británico The Guardian revelara que Argentina había advertido a directivos de Rockhopper sobre posibles penas de prisión y multas por su participación en las actividades petroleras.

El canciller recordó que ambas empresas ya recibieron sanciones en el país y ratificó que la administración de Javier Milei continuará utilizando los mecanismos legales disponibles para impedir la explotación de los recursos naturales del archipiélago.

"Argentina va a utilizar todos los instrumentos que tiene al alcance de su legislación y también en los foros internacionales para impedir que la explotación de recursos naturales en las Malvinas suceda", sostuvo.

En paralelo, Quirno defendió la presentación realizada por el Gobierno ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar medidas provisionales que permitan suspender las actividades petroleras.

La preocupación argentina está vinculada con el cronograma del proyecto, cuyo inicio de explotación está previsto para el primer trimestre de 2027. Por ese motivo, el Ejecutivo busca una resolución que impida el comienzo de las operaciones mientras se analiza la controversia.

El funcionario aclaró que el planteo no pretende que el organismo internacional resuelva la disputa de soberanía, sino específicamente la explotación de los recursos naturales en aguas reclamadas por Argentina.

"El Tribunal Internacional del Mar no tiene jurisdicción para tratar temas de soberanía. Argentina está planteando en el tribunal justamente el tema de sus recursos naturales", explicó.

Además, expresó que, ante una eventual resolución favorable a la posición argentina, el Reino Unido debería cumplirla por tratarse de un mecanismo contemplado en un acuerdo internacional del que ambos países forman parte.

Por último, Quirno se refirió a la posible reactivación de una conexión marítima entre Punta Arenas, Chile, y las Malvinas. Señaló que la legislación nacional contempla permisos específicos para los buques que transportan mercadería hacia y desde las islas y manifestó su expectativa de que Chile mantenga su histórico respaldo al reclamo argentino.

La ofensiva judicial y diplomática forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para reforzar los intereses nacionales en el Atlántico Sur, que también contempla el desarrollo de una base naval integral en Ushuaia y modificaciones legislativas vinculadas con la región.