La Justicia revocó el fallo que frenaba la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la Provincia

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la medida cautelar que había suspendido durante 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires de la Ley 27.801, que creó el nuevo Régimen Penal Juvenil y redujo a 14 años la edad de punibilidad. La decisión dejó sin efecto la resolución de la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2.

La cautelar había sido dictada a partir de un hábeas corpus preventivo y colectivo promovido por la Asociación Civil No Seas Pavote, integrante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Pascual había advertido que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal podía aumentar la cantidad de detenidos y agravar las condiciones de alojamiento si la provincia no contaba con recursos suficientes.

Al resolver la apelación del Ministerio Público Fiscal, los camaristas Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi sostuvieron que una ley sancionada por el Congreso goza de presunción de legitimidad y no puede ser suspendida de manera general mediante una decisión provisoria. Según el fallo, dejar sin efecto toda una norma a través de una cautelar “resulta a todas luces inadmisible”.

Los jueces remarcaron que el control de constitucionalidad debe realizarse sobre casos concretos y que los tribunales no pueden evaluar la conveniencia de una política criminal definida por el Poder Legislativo. Para fundamentar su postura, citaron doctrina de la Corte Suprema sobre división de poderes y recordaron el precedente “Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/ amparo”.

La Cámara, sin embargo, aclaró que la revocación no implica desconocer eventuales vulneraciones de derechos de adolescentes privados de libertad. Ante una situación específica que agrave las condiciones de encierro, señaló que “corresponderá al juez […] ordenar las medidas urgentes para remediar la situación”.

Además, el tribunal ordenó que Pascual revise con urgencia si es competente para continuar interviniendo en el hábeas corpus. La decisión original de la magistrada había generado denuncias por presunto abuso de autoridad y pedidos de juicio político.

Con información de Infobae