Malvinas: el Gobierno prepara más denuncias contra petroleras

El Gobierno nacional prepara nuevas denuncias contra compañías vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas y ampliará las acciones ya iniciadas contra empresas que, según la posición argentina, operan sin autorización.

La estrategia oficial no estará dirigida únicamente contra las petroleras, sino también contra directivos, accionistas, representantes y proveedores que intervengan en esos proyectos. El Ejecutivo sostiene que esas actividades violan la Ley 26.659, que regula la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

El vocero presidencial Adrián Ravier advirtió que las consecuencias también alcanzarán a la relación de esas compañías con el Estado argentino.

“Cualquier empresa, cualquier proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino”, sostuvo durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Entre otras restricciones, señaló que las firmas involucradas no podrán ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ni participar de proyectos de explotación en Vaca Muerta.

La primera denuncia penal de esta nueva ofensiva fue anunciada contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. El Gobierno afirma que algunas de esas compañías cuentan con licencias otorgadas por las autoridades británicas para operar en la Cuenca Malvinas Norte.

Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto Sea Lion, ubicado en esa cuenca y vinculado a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El desarrollo prevé avanzar con la extracción de petróleo en los próximos años, una situación que el Gobierno argentino considera urgente por tratarse de recursos naturales cuya soberanía reclama.

La Casa Rosada ya había dispuesto, además, la apertura de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas presuntamente relacionadas con actividades hidrocarburíferas en la zona. Entre los investigados aparecen compañías, accionistas y prestadores de servicios.

En paralelo, el Ejecutivo dictó el Decreto 868/2026, que colocó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y aceleró los mecanismos administrativos para investigar posibles infracciones. La normativa establece que quienes pretendan desarrollar actividades hidrocarburíferas en el país o acceder al RIGI deberán declarar que no participan directa ni indirectamente en operaciones prohibidas por esa ley.

De esta manera, tal como publica Ámbito.com, el Gobierno busca ampliar la presión sobre toda la cadena vinculada con los proyectos petroleros en Malvinas, combinando acciones judiciales, sanciones administrativas y restricciones para operar dentro de la Argentina.