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Vouchers educativos: frenan las suspensiones por cuotas impagas durante 2026
La medida del Gobierno alcanza a familias con hijos en colegios privados subvencionados y evita que pierdan la asistencia por acumular deudas durante el actual ciclo lectivo.
El Gobierno nacional resolvió que durante 2026 las familias que reciben Vouchers Educativos no perderán el beneficio por atrasarse en el pago de las cuotas de colegios privados con aporte estatal. La decisión se tomó en un contexto de aumento de la morosidad y busca evitar interrupciones en la asistencia económica durante el ciclo lectivo.
La medida fue oficializada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 505/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La normativa suspendió durante todo este año la aplicación de dos artículos del reglamento del programa que vinculaban directamente la continuidad del voucher con el pago de las cuotas escolares.

Hasta ahora, las instituciones debían informar mensualmente qué beneficiarios registraban deudas. Al acumular dos cuotas impagas, la ayuda se suspendía hasta que la familia regularizara la situación, mientras que con tres cuotas adeudadas se establecía la cancelación del beneficio.
Con el cambio, ninguna de esas sanciones será aplicada durante 2026. De esta manera, las familias podrán continuar percibiendo el voucher aunque mantengan cuotas pendientes con el establecimiento educativo.
La decisión, sin embargo, no implica la condonación de las deudas. Las obligaciones con los colegios continúan vigentes y las instituciones podrán reclamar los montos correspondientes; lo que se elimina temporalmente es la pérdida de la asistencia estatal como consecuencia de la morosidad.
Desde la Secretaría de Educación argumentaron que el cambio fue dispuesto con el ciclo lectivo ya iniciado para evitar que se vean afectadas las trayectorias educativas de los estudiantes beneficiarios.
El programa está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a instituciones educativas públicas de gestión privada de nivel inicial, primario o secundario que reciben al menos un 75% de aporte estatal. Además, el ingreso familiar no puede superar los siete salarios mínimos, vitales y móviles.
La modificación regirá únicamente durante 2026 y no elimina otros requisitos del programa, entre ellos la obligación de mantener la condición de alumno regular.
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