A seis años de la muerte de Astudillo: una causa armada con fines políticos

El 30 de abril de 2020, en plena cuarentena por el Covid-19, se produjo el fallecimiento de Facundo Astudillo Castro. El joven murió ahogado en el estuario de Bahía Blanca, en la zona Villarino Viejo. El Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que la muerte se produjo en el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo y descartó la participación de terceras personas.

Pero, cuestiones inconfesables e intereses se entremezclaron. Las víctimas de la maniobra fueron un par de ignotos policías de pueblo, a quienes intentaron “tirarle el muerto” y responsabilizarlos de los más atroces hechos.

Con este sexto aniversario se recuerda, además de la muerte del chico, la impúdica desviación del expediente a cargo de inescrupulosos. Una de las fatídicas figuras que emergió en la escena fue Marcos Herrero, un perito trucho que fue recientemente condenado -doble conforme- por el Tribunal de Casación por mentir para culpar a inocentes. El trasfondo de la causa, como viene informando La Brújula 24, tuvo un claro objetivo político.

La premisa era inventar una "desaparición forzada en democracia", culpando a policías a los que acusaron de secuestro, torturas y homicidio y utilizarlo políticamente contra el gobierno de Axel Kicillof. El responsable era el Estado. Todo mentira.

A seis años de la muerte, los fiscales capitalinos Horacio Azzolín y Alberto Gentili y la pampeana Iara Silvestre siguen a cargo del expediente principal. Claramente, con los elementos ya reunidos, hace años podrían haber "sacado una conclusión". Su inacción e indefinición siguen "dejando la duda", incluso con el adiestrador condenado y con la médica Creimer -que fue aportada por la CPM- imputada por colaborar en la desviación.

Herrero, encontró “amuletos” de Facundo, donde está probado que el chico nunca estuvo. Tres testigos declararon, de la mano de la querella, haber visto cosas que nunca sucedieron en el lugar y en el momento que lo dijeron. Ellos también deberían ser investigados. Sin ellos no había causa por "desaparición forzada".

Los amuletos diseminados en autos y seccionales, los huesos de vaca (que intentaron hacer pasar por los de Facundo) y la sangre falsa, nunca fueron motivo de curiosidad para Silvestre, Azzolín y Gentili, el trío de fiscales actualmente a cargo del caso.

El más obcecado con la “desaparición forzada” fue el exfiscal Héctor Andrés Heim. En Tribunales más de uno habla del “trampolín Facundo”, para graficar que su intervención en ese expediente fue el que le aseguró el puesto de juez federal en Pehuajó que hoy ostenta. Es que quienes “piensan mal” recuerdan que, por ejemplo, más de un procedimiento de Herrero fueron presenciados por él.

Paradójicamente, al magistrado más importante de la ciudad de Manuelita se le escapó la tortuga. O la dejó escapar.

Si Heim hubiese aplicado la misma tenacidad con la que entrevistó a la valiente testigo H, con algunos de los charlatanes presentados por la querella, por ahí el curso de la historia hubiese sido diferente. Aquellos “testigos”, que sirvieron para que expediente gire de la Justicia ordinaria al fuero Federal, aseguraron haber visto a Facundo en Buratovich (cuando ya estaba en Origone) y afirmaron -bajo juramento- haber identificado prendas de Facundo (que ese día no llevaba).

El agite de la médica Virginia Creimer tampoco fue motivo de indagación por parte de los fiscales. Al igual que con Herrero, nunca nada les llamó la atención. Está imputada por haber manipulado una piedra turmalina en la seccional policial de Teniente Origone.

Fabricar evidencia, presentar testigos falsos y hostigar a quienes declaraban con veracidad no puede quedar impune; corresponde que el Estado investigue y sancione este tipo de conductas. Incriminar a personas inocentes para responder a intereses opacos no puede ser tolerado ni pasar inadvertido.

6 años de una causa armada que sigue "viva" por intereses que, cada vez, quedan más expuestos.