"Son las imágenes de un energúmeno, de un patotero"

El fiscal general Juan Pablo Fernández lanzó una fuerte definición sobre los incidentes ocurridos durante la protesta del Sindicato de Empleados de Comercio en el shopping y sostuvo que las imágenes de Claudio David Montiel muestran “a un energúmeno, a un patotero que pretende imponer sus deseos con la violencia”, al tiempo que remarcó que ese tipo de conductas “no son admisibles”.

Fernández respaldó en La Brújula 24 la actuación judicial que derivó en la detención del secretario adjunto del gremio, entregado el lunes por la noche, y señaló que el caso excede el daño material a una puerta o un portón. Según explicó, lo central es el contexto de amenazas, intimidación y violencia desplegado contra comerciantes, empleados, clientes y personas que intentaban ingresar al centro comercial.

“Esperábamos que este tipo de acciones estuvieran superadas ya a esta altura, pero evidentemente no, y en consecuencia el Ministerio Público tiene que actuar para mandar la señal que corresponde en torno a que este tipo de modelos de comportamiento no son aceptables”, afirmó en diálogo con Germán Sasso en Bahía Hoy.

El jefe de los fiscales de Bahía Blanca vinculó lo ocurrido con otros antecedentes de violencia sindical registrados en la ciudad. Recordó en ese sentido las investigaciones por extorsiones dentro de la Uocra y también hechos previos de enfrentamientos entre facciones de ese gremio. Para Fernández, la respuesta judicial debe ser clara para marcar cuáles son los límites legales frente a este tipo de episodios.

Durante la entrevista, el fiscal general remarcó que la imputación no se reduce al uso de un cono o a los golpes contra una puerta. Sostuvo que lo que se investiga es una amenaza coactiva agravada por el uso de un bidón de combustible como arma impropia y por la intimidación ejercida sobre quienes estaban dentro del shopping o querían trabajar ese día.

“El hecho no es pegar un conazo. El tema es toda la circunstancia de amenaza coactiva que existía respecto de las personas que estaban adentro del shopping, de las personas que querían ingresar, de los comerciantes que querían abrir sus negocios y de los propios empleados de comercio que querían trabajar”, explicó.

Fernández también puso el foco en la privación de movimientos sufrida por quienes quedaron condicionados por la protesta. Aunque esa figura no fue receptada hasta ahora por el juez de Garantías, el fiscal general insistió en que no se puede naturalizar que un grupo impida el ingreso o la salida de personas de un espacio comercial bajo amenazas.

En ese marco, cuestionó además el accionar policial del Viernes Santo. Sin apuntar directamente contra nombres propios, sostuvo que frente a delitos cometidos en flagrancia la fuerza debía intervenir, persuadir y, si la situación continuaba, proceder. A su entender, la falta de una respuesta inmediata también impidió preservar prueba relevante, como el contenido del bidón que fue exhibido en el lugar.

La causa recién comienza y todavía resta el avance de distintas medidas de prueba, entre ellas el análisis de teléfonos secuestrados y la situación procesal del resto de los imputados. Sin embargo, Fernández dejó en claro que la decisión del Ministerio Público es avanzar con firmeza. “La señal tiene que ser clara”, planteó, al insistir en que este tipo de conductas no pueden convertirse en un mecanismo aceptado para imponer reclamos.