Eutanasia: el senador Feliú explicó la legislación vigente en Argentina

El caso de Noelia Castillo Ramos, la joven española que recibirá la eutanasia tras una extensa batalla judicial, reactivó el debate sobre el derecho a decidir sobre el final de la vida, una discusión que en la Argentina aún no tiene marco legal en términos de eutanasia, aunque sí contempla la figura de la muerte digna.

La joven, de 25 años, quedó con una paraplejia irreversible tras un intento de suicidio en 2022 y, frente a un cuadro de dolor persistente y sin posibilidad de recuperación, solicitó la eutanasia. El proceso atravesó distintas instancias judiciales hasta recibir la autorización de la Justicia europea, en medio de la oposición de su familia.

En ese contexto, el senador provincial Marcelo Feliú explicó que en La Brújula 24 la Argentina la eutanasia no está permitida, aunque sí existe legislación sobre la muerte digna desde 2012. “Esto es una cuestión distinta a la eutanasia”, aclaró, y detalló que la normativa vigente habilita a los pacientes con enfermedades irreversibles a rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.

Según explicó en Bahía Hoy, en estos casos “el paciente tiene derecho a rechazar los tratamientos que lo único que le provocan es una prolongación artificial de su vida y con un gran padecimiento”, lo que permite que la enfermedad siga su curso natural.

Feliú señaló que el caso reabre una discusión más amplia sobre la posibilidad de avanzar hacia una regulación de la eutanasia en el país, tal como ya ocurre en países como España, Países Bajos o Bélgica. Sin embargo, remarcó que se trata de un debate complejo que excede lo jurídico.

“Se atraviesan cuestiones que van más allá de la letra de la norma”, indicó, y mencionó aspectos vinculados a la fe, la ética y la autonomía individual. En ese sentido, consideró que debe prevalecer el derecho de las personas a decidir sobre cuestiones personalísimas, siempre que exista plena capacidad para hacerlo.

El legislador también destacó que, en los países donde está permitido, el procedimiento requiere múltiples controles para garantizar que la decisión no esté viciada, incluyendo evaluaciones médicas y, en algunos casos, la intervención de comités éticos.

El caso, además, expone el conflicto entre la voluntad individual y el entorno familiar. “Es entendible la decisión de los padres, pero no puede estar por sobre la decisión de la persona”, planteó Feliú, en referencia a la tensión que atravesó el proceso judicial.

De esta manera, el debate sobre la eutanasia vuelve a instalarse en la agenda pública, con interrogantes sobre los límites del rol del Estado, la autonomía personal y el acompañamiento en situaciones extremas.