Caso Fiorella Damiani: ahora los acusados falsamente reclaman una millonaria indemnización

La causa judicial por la falsa denuncia de abuso realizada por la consejera escolar Fiorella Belén Damiani suma ahora un nuevo capítulo. Los jóvenes que habían sido acusados en la causa, Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, presentaron una demanda civil en la que reclaman una indemnización que ronda los 40 millones de pesos al Estado y a la propia denunciante.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Contencioso Administrativo a través del abogado querellante Juan Ignacio Vitalini. Según pudo saber La Brújula 24, los damnificados sostienen que fueron injustamente detenidos por diez días en un calabozo de la DDI, como consecuencia de una denuncia que luego fue considerada falsa por la Justicia.

En la demanda, los jóvenes reclaman una reparación económica por los perjuicios sufridos durante ese período de detención, al entender que fueron privados de su libertad por una acusación que no se correspondía con los hechos. En la misma presentación se la incluye a Fiorella Damiani como demandada por haber falseado los hechos que dieron origen a la causa penal.

Tal como informó este medio, el caso se remonta a una denuncia presentada por Damiani en 2017, tras una fiesta realizada en la ciudad de Punta Alta. En aquel momento acusó a Álvarez y Pereyra de haber abusado sexualmente de ella, lo que derivó en la detención de ambos jóvenes. Sin embargo, durante la investigación aparecieron varios videos incorporados al expediente que mostraban que el encuentro había sido consensuado.

A partir de las pruebas, la Justicia dispuso el sobreseimiento de ambos y posteriormente inició una causa contra Damiani por falso testimonio agravado. Tras el juicio oral, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 la condenó la semana pasada a 3 años de prisión de ejecución condicional.

La resolución judicial no conformó ni a la fiscalía ni a la querella. Tanto el fiscal Mauricio Del Cero como el abogado Vitalini anticiparon que apelarán el fallo para solicitar una pena mayor y de cumplimiento efectivo. El objetivo es que se revise la sentencia y se imponga una condena que implique prisión efectiva.

De prosperar ese planteo, Damiani podría cumplir la pena en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, como la cárcel de Villa Floresta.

De esta manera, mientras se define en instancias superiores la eventual modificación de la pena, la causa también se trasladó al ámbito civil, donde los jóvenes buscan una reparación económica por los daños que aseguran haber sufrido tras la denuncia que derivó en su detención.