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Polémica en Brasil por ley que premia a policías que maten a delincuentes

Forma parte de una reforma a la policía civil, encargada de investigaciones.

La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó una ley que otorga bonificaciones salariales a policías por matar a criminales, una medida que desató fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos. El proyecto, que debe ser promulgado por el gobernador Claudio Castro —aliado del expresidente Jair Bolsonaro— en un plazo de 15 días, fue respaldado por amplia mayoría.

La iniciativa recuerda al llamado “bono del Lejano Oeste”, que estuvo vigente entre 1995 y 1998 y fue derogado por el aumento de muertes durante operativos policiales. Ahora, el nuevo texto forma parte de una reforma a la policía civil, encargada de investigaciones, aunque genera temor de que pueda extenderse también a la policía militar, de perfil más represivo.

La legislación establece que los agentes podrán recibir un plus de entre 10% y 150% del salario cuando confisquen armas de gran calibre o participen en “situaciones que conduzcan a la neutralización de criminales”. Para los críticos, esta medida convierte la violencia en política pública. “La seguridad no se logra mediante la barbarie”, advirtió el diputado federal Henrique Vieira.

Djeff Amadeus, abogado del Instituto de Defensa de la Población Negra, alertó que la ley podría derivar en una “masacre generalizada”, ya que los policías podrían estar motivados a matar para incrementar sus ingresos. Según estadísticas oficiales, la población afro es la más afectada por la violencia policial en Río.

El año pasado, 703 personas murieron durante intervenciones policiales en el estado, un promedio de casi dos por día. Aunque la cifra representa una reducción del 19% respecto a 2023 (871 muertes), las críticas apuntan a que un incentivo económico podría revertir esa tendencia y agravar la ya delicada situación en las favelas, donde las operaciones policiales con mano dura son frecuentes frente al poder de narcotraficantes y grupos armados.

Fuente: La Nación

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