Clarín publicó un detallado informe sobre Herrero y otros peritos que estafaron a la Justicia

En las últimas horas el diario Clarín publicó un extenso informe acerca de peritos que han manipulado pruebas y con ello engañaron a la Justicia. Uno de los casos que mencionan es el de Marcos Herrero y para ello entrevistaron al periodista Germán Sasso, por su libro El Coleccionista de Huesos.

A continuación el informe publicado por el diario Clarín:

Pistas falsas, procedimientos irregulares, datos sospechosos, mala praxis…

Cada vez son más los peritos que quedan expuestos por su tarea. El caso más reciente es el de Marcos Herrero, un ex policía rionegrino que se presentaba como adiestrador de perros pero en realidad era un gran fabulador, el rey del embuste: el martes 22 de abril de este año fue condenado a siete años de prisión por haber adulterado pruebas en la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro en abril de 2020, en la localidad de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires.

Así lo determinó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca: el juez Ernesto Sebastián consideró a Herrera responsable del delito de falso testimonio reiterado agravado, por haber sido cometido en una causa criminal contra los acusados.

¿Cómo se evita la participación de estos personajes "oficiales" o "de parte" en las causas judiciales? ¿Quién los protege? ¿Cómo actúan? ¿Qué hay que hacer para que en los procesos sólo intervengan profesionales idóneos, gente capaz de llevar a cabo investigaciones serias y que sirvan para acceder a conclusiones verdaderas?

Al servicio del fiscal
En 2013, el profesor de música Marcos Ledesma fue denunciado por 12 supuestos casos de abuso sexual en el jardín de infantes Número 914 de La Plata, contra chicos de tres y cuatro años. Finalmente, en noviembre de 2024, lo absolvieron.

Durante el juicio, su abogada, Patricia Perelló, no aceptó la "prueba" que había surgido en Cámara Gesell. "Estos testimonios fueron tomados por la perito Silvina Catera a través de interrogatorios salvajes", plantea la defensora. "Lo que hizo fue un horror", agrega.

Y da su versión sobre cómo Catera había accedido a esa función tan sensible: "En un momento, los padres de los chicos del jardín de infantes se enardecieron y quemaron gomas en la puerta de la fiscalía, porque les dijeron que los peritos oficiales no habían encontrado nada raro en Cámara Gesell. Entonces pusieron a esta persona".

Con los chicos no, con los docentes tampoco es un colectivo de docentes que, entre otras actividades, se dedica a comunicar "falsas denuncias" contra los maestros de distintos niveles. Allí, las críticas a Catera fueron no menos contundentes.

"Esta psicóloga de la Procuración es la misma que utilizan los fiscales como caballito de batalla en las causas por abuso cuando la investigación no está tomando el rumbo que a ellos les conviene y los dejan expuestos como encubridores de falsas denuncias. Así lo hizo el fiscal Álvaro Garganta en la causa del Jardín 914 de La Plata y el fiscal Fernando Castro en las denuncias en los colegios Gianelli y Fleming de Mar del Plata", señalaron.

"En el primer caso, intervinieron las psicólogas Florencia Ortiz y Elisa Rossi, peritos oficiales del Cuerpo de Responsabilidad Penal Juvenil, y dictaminaron no haber encontrado signos de abuso. Lo mismo ocurrió con el segundo caso. La perito psicóloga María Manterola presentó un informe que desmentía las denuncias. Pero ambos fiscales, cual modus operandi temerario, apartaron a estas peritos oficiales e hicieron intervenir a una secuaz del clan de Emma Virginia Creimer de la Procuración, la denunciada Silvina Catera, para que hiciera estragos en la investigación perjudicando a los menores con sus prácticas poco profesionales".

"A Catera le vamos a hacer un juicio por mala praxis", avanza la abogada Perelló, decidida. "La psicóloga trabajó en dos casos de docentes de jardín de infantes que terminaron absueltos, Marcos Ledesma y Analía Schwartz. En lo civil se la puede acusar de daños y perjuicios, y en lo penal, de falso testimonio, que contempla penas de hasta diez años de prisión", sigue la defensora. "Si bien hay peritos intachables, la psicología se presta para la truchada. Lo que dice un médico es más tangible. Si el médico dice que en la autopsia encontró tal cosa, se puede comprobar. En el caso de la psicología, en cambio, se puede decir que algo es blanco o negro y nadie tiene una certeza sobre eso".

-¿Catera sigue trabajando como perito después de la absolución de los dos docentes?

-Sí, el procurador debería haberle revocado el contrato. Ahora no está entrevistando a niños, pero sí a víctimas de violencia de género. Es difícil correr a estos personajes, que como no se destacan como profesionales arman estos "kioscos" para subsistir. El establishment judicial es complaciente. Muchas veces, a los jueces les falta conocimiento y valentía. Políticamente, la víctima "garpa", y el imputado no. Y muchas veces se usa la Justicia para buscar venganza. Es peligroso. Hay personas que se han suicidado al recibir condenas por estas maniobras…

La primera pericia de niños que hizo Catera fue la de la causa de Marcos Ledesma, en La Plata, y de ahí se fue a trabajar con el caso de Analía Schwartz, en Mar del Plata. "De estar diez años en el Servicio Penitenciario Provincial, entrevistando a violadores, empezó a trabajar con chicos de tres y cuatro años. Y de eso es responsable la Justicia. Catera es una audaz, con rasgos psicopáticos… Incluso tiene una causa penal porque entró a la casa de su hermano rompiendo la puerta y golpeó a su cuñada. Le prohibieron acercarse a esa casa y se acercaba igual. Es una transgresora".

-¿Qué rol deberían tener en estos casos los Colegios Profesionales?

-Deberían actuar, aplicando sus códigos de ética. Y denunciar a los peritos que ejercen su tarea de manera incorrecta. Yo trabajo con peritos de parte que me dicen: 'voy a decir lo que surge de la investigación, si no, pierdo prestigio'. Eso es lo que corresponde. El compromiso del perito es con la Justicia. En el caso de Catera se veía claramente que actuaba al servicio de los fiscales, que no querían probar la verdad de lo que se estaba debatiendo sino que tenían razón en lo que ellos sostenían y pretendían ganar como si fuera un partido de fútbol.

Para ganar fama
Loan Peña, de cinco años, desapareció el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes. Todavía sin rastros de él, en el proceso judicial participaron decenas de personas: familiares, vecinos, policías, funcionarios… Y un perito psicólogo, Federico Rossi Colombo, tucumano, de 44 años, que fue convocado por la Fundación Lucio Dupuy para que asistiera a la familia del chico (la fundación fue creada tras el asesinato de Lucio, también de cinco años, a manos de su madre y su pareja en La Pampa en 2021).

Poco tiempo después de que Rossi Colombo llegara a Corrientes, el 14 de septiembre de 2024, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo lo acusó de haber integrado un grupo de personas que habían realizado maniobras "para buscar beneficios económicos y entorpecer la investigación" y ordenó que lo detuvieran.

Cuando le dictó la prisión preventiva, Pozzer Penzo decidió acusarlo de falso testimonio por lo que había declarado la primera vez que fue interrogado como testigo, usurpación de títulos, debido a que quedó demostrado que no estaba autorizado para realizar tareas como forense, y violación de secreto profesional, por haber difundido en los medios de comunicación detalles sobre sus actividades en Corrientes.

"La Justicia no sabe para dónde ir y el caso Loan está más cerca de quedar impune que de descubrirse", dice Patricio Char, abogado de Rossi Colombo. "Y entonces paga los platos rotos cualquier perejil, como el licenciado Rossi Colombo".

"Que Federico haya participado en una causa para sumar experiencia o para mostrarse no significa que haya cometido un delito", señaló María Rosa Moreno, la mujer del psicólogo.

Rossi Colombo tenía la matrícula para ejercer en su provincia pero, según planteó Fabiana Lávaque, presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán, no estaba autorizado "para intervenir en otras jurisdicciones".

Además, sin ninguna orden judicial, Rossi Colombo se presentó en 9 de Julio como "psicólogo forense", una especialización que, tal como detalló Lávaque, tampoco fue certificada como corresponde. "Para considerarse especialista, los profesionales deben acreditar esa condición ante el Colegio, algo que Rossi Colombo no hizo", aseguró la mujer.

Lávaque también comentó que, en algunas de las entrevistas que le dio a la televisión durante su estadía en Corrientes, que fueron varias, Rossi Colombo "violó el código de ética al revelar cuestiones relacionadas con los chicos supuestamente atendidos por él".

Un mes y medio después de su detención, el 1° de noviembre de 2024, la Cámara de Apelaciones falló a favor del psicólogo y lo dejó libre. De todas maneras, aunque ya no está tras las rejas, tiene que cumplir una serie de requisitos, como "presentarse periódicamente ante el juez o la autoridad que lo convoque" y "no salir sin autorización del ámbito territorial que se determine".

Y no volvió a trabajar como psicólogo.

Manuel Garrido, abogado, titular de la asociación Innocence Project Argentina, un organismo internacional que trabaja aportando pruebas para ayudar a personas acusadas injustamente, plantea que la Justicia "tendría que dictar reglamentos que limiten la aparición en las causas de personajes que carecen de la mínima seriedad científica".

-Y priorizar el trabajo de los peritos científicos.

-Claro. El Conicet, con su programa Ciencia y Justicia, debería establecer una revisión del estado de la ciencia forense. Pero es cierto: no puede hacer mucho porque le faltan recursos.

En febrero de este año, Juan Pablo Accorinti, licenciado en criminalística y jefe de la unidad operativa del Ministerio Público fiscal de Río Negro, propuso crear una Comisión Reguladora en Ciencias Forenses. Ya cuenta con unas 60 "adhesiones".

"La Argentina atraviesa una crisis silenciosa que viene socavando uno de los pilares fundamentales de la vida democrática, como es la administración de Justicia", planteó Accorinti. Y avanzó: "La punta del iceberg de esta situación son los casos de personas inocentes que fueron condenadas injustamente en procesos penales a partir de pericias erróneas. Estas fallas de la Justicia conllevan un doble agravio: por un lado, la condena injusta de una persona inocente y por el otro, la impunidad de los verdaderos autores del delito".

Según Accorinti, algunos de los principales objetivos de la Comisión Reguladora en Ciencias Forenses serán "implementar procesos de certificación profesional de peritos en diversas disciplinas, establecer criterios mínimos para aquellos profesionales que quieran participar como peritos en procesos judiciales y fomentar la investigación científica en el campo forense".

En este sentido, la convocatoria incluye a profesionales de la criminalística, la medicina legal, el derecho y la educación, entre otras disciplinas.

¿Cómo es la situación de los peritos en otros países?

En Estados Unidos, por ejemplo, en tiempos de la primera presidencia de Barack Obama, en 2009, hubo una "revolución" con este tema, tal como lo describe Garrido, de Innocence Project. "La Academia de Ciencias y el Comité presidencial publicaron documentos que planteaban que no todas las disciplinas tienen la misma fiabilidad, y que en el caso de los peritos habría que priorizar el trabajo de las ciencias objetivas. También se supo que el 29% de las condenas erróneas se basaban en pruebas científicas de mala calidad. Entonces, se pusieron a trabajar en este sentido".

-¿Cómo siguió el tema hasta hoy?

-Hubo tironeos, claro, como sucede en todas partes. Porque llegó Trump y disolvió varios programas.

Fuente: Clarín