El Gobierno anunció que se les cobrará a los extranjeros la salud pública y la educación universitaria

En conferencia de prensa en Casa Rosada, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció este martes una serie de reformas destinadas a modificar el régimen migratorio en Argentina. Entre las medidas destacadas, se encuentra la implementación de aranceles en las universidades públicas y en la atención sanitaria para extranjeros no residentes. También se incorporarán nuevos delitos para impedir el ingreso o avanzar con la expulsión de inmigrantes.

"El objetivo de la medida es avanzar hacia un país ordenado, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos", dijo el portavoz en la introducción, antes de empezar a enumerar las medidas. "En primer lugar vamos a impulsar que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuentes de financiamiento para las casas de estudio. Como ejemplo, hoy uno de cada tres estudiantes de Medicina es extranjero", señaló.

En cuanto a la salud, Adorni confirmó el fin de la gratuidad total para extranjeros. "Los organismos nacionales, provinciales o municipales van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar los servicios a quienes no residan en el país”, afirmó.

En ese punto, Adorni puso como ejemplo el antecedente de la provincia de Salta. "Desde que se tomó esta medida, bajó un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos", dijo y arengó que con esto se terminarían "los tours sanitarios".

Por otra parte, en la reforma se anunció que se van a incorporar más delitos para impedir el ingreso a la Argentina o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país. "Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, cometiendo el delito, o se lo detiene atentando contra el sistema democrático, por ejemplo atacando los instituciones, será expulsado y se le prohibirá reingresar al país", detalló.

Además, quienes presenten documentación falsa o tengan motivos migratorios dudosos podrían enfrentar restricciones severas. Incluso el proyecto prevé penas de prisión para los que violen la prohibición de reingresar al país.

Con información de Infobae y Clarín