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El fiscal pidió abrir las billeteras cripto de Adorni para verificar su explicación patrimonial
Solicitó peritajes técnicos y nuevos informes para reconstruir la evolución económica del exjefe de Gabinete.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó nuevas medidas luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita considerara insuficientes algunas explicaciones brindadas por el exjefe de Gabinete para justificar su evolución patrimonial.
Entre los pedidos realizados por la fiscalía se destaca la apertura y análisis técnico de las billeteras de criptomonedas que Adorni presentó como respaldo del origen de parte de sus fondos. El objetivo es verificar la titularidad de las ocho direcciones de Bitcoin declaradas y confirmar las operaciones realizadas.
En su descargo, Adorni aseguró que obtuvo unos 591.544,61 dólares por la venta de bitcoins entre 2017 y 2018, antes de ingresar a la función pública. Según su defensa, esos activos permitieron explicar el dinero utilizado posteriormente para distintas operaciones, entre ellas compras inmobiliarias, refacciones y viajes.
“Quien pretende ocultar un enriquecimiento no publica sus direcciones de criptoactivos ante decenas de miles de seguidores”, sostuvo la defensa del exfuncionario, que argumentó que las inversiones fueron realizadas antes de su llegada al Estado.
Sin embargo, Pollicita pidió avanzar con una verificación criptográfica para comprobar la explicación. El procedimiento contempla que la defensa, junto a un perito propio, ingrese a las billeteras mediante herramientas específicas y firme mensajes en cada dirección para acreditar el control de esos activos.
La fiscalía también detectó una diferencia entre ingresos y gastos declarados durante el período analizado. Según el requerimiento, la familia Adorni registró recursos lícitos por $229.752.283,20 y gastos por $272.820.832,20, dejando una diferencia de $43.068.549 que deberá ser explicada.
Además, el fiscal solicitó información a distintos organismos para reconstruir la historia económica del matrimonio desde sus primeros años de actividad laboral. Entre los pedidos figuran datos de ANSES, registros inmobiliarios, la Inspección General de Justicia y organismos societarios bonaerenses.
Pollicita fundamentó la medida al señalar que, dado que la defensa atribuyó parte del capital a “un ahorro familiar formado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges”, resulta necesario reconstruir la evolución patrimonial desde el inicio de su vida económica activa.
Con información de Clarín
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