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Colegio privado de Mar del Plata deberá indemnizar con $6 millones a una alumna que sufría bullying

La Justicia cuestionó la falta de contención que brindó la escuela y aseguró que una de las soluciones que planteó fue "mandarla a hacer terapia". La chica, como consecuencia del constante maltrato, empezó a sufrir convulsiones y epilepsia.

Foto ilustrativa.

En una sentencia sin precedentes en el país, la Justicia ha ordenado a un reconocido colegio privado de Mar del Plata que asuma la responsabilidad de indemnizar con más de 6 millones de pesos a una exalumna. La joven desarrolló epilepsia como resultado del constante acoso escolar que sufrió por parte de sus compañeros de cuarto año de secundaria.

El fallo, firmado recientemente por los jueces Ricardo Monterisi, Roberto Loustaunau y Alfredo Méndez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, ratifica parcialmente la resolución emitida previamente el 23 de noviembre de 2022 por la jueza Mariana Lucía Tonto de Bessone, titular del Juzgado Civil y Comercial N°10 que llevó el caso. Dado el género y la condición de menor de edad de la demandante, los jueces evaluaron el caso con una perspectiva de género y consideraron que las pruebas presentadas en el expediente eran suficientes para demostrar la "situación de vulnerabilidad y discriminación" que la adolescente sufrió dentro de la institución educativa marplatense.

La víctima, apodada "la estudiosa", fue sometida a acoso escolar que incluyó hostigamiento, abusos verbales, abucheos, silbidos, gritos y críticas por parte de sus compañeros. Además, los ataques físicos no fueron una excepción, ya que la chica experimentó empujones y obstáculos que la hacían tropezar. Los actos de hostigamiento también llegaron al extremo de escribir con un marcador en su suéter, ponerle chicle en el pelo y verter refresco sobre su cabeza. Un amigo de la afectada proporcionó detalles de estos incidentes ante el tribunal, revelando que los compañeros la llamaban "tragalibros" o "la estudiosa", y que los alumnos del curso la excluían de los grupos de WhatsApp y no recibían atención por parte de los directivos cuando se informaba de la situación.

Estos eventos llevaron a la estudiante a desarrollar convulsiones y a padecer epilepsia. Los profesionales que la trataron establecieron una conexión directa entre los episodios de acoso y el maltrato constante al que estaba expuesta en la institución educativa. La evaluación psicológica determinó que los sucesos vividos por la joven fueron tan "perturbadores" que desencadenaron un "trastorno de conversión con convulsiones".

Expertos coincidieron en señalar que "las situaciones emocionales y de estrés eran desencadenantes de las crisis epilépticas". Incluso el neurólogo personal de la demandante tuvo que recomendarle que evitara las fuentes de estrés y las evitará a toda costa, incluyendo la escuela.

Los jueces criticaron la falta de apoyo y contención del colegio, señalando que los directivos responsables no tomaron medidas para prevenir el bullying y minimizaron la gravedad de la situación vivida por la alumna. Se reveló que una de las soluciones propuestas por la institución fue enviarla a terapia, sin ofrecer apoyo psicológico a través del equipo escolar o implementar el Acuerdo de Convivencia, como establece la normativa vigente, que incluye la realización de asambleas de aula y reflexiones intergrupales. Basándose en el artículo 1767 del Código Civil y Comercial, la Justicia determinó que el colegio debía ser responsable por el daño sufrido y causado, ya que los alumnos menores se encontraban bajo la autoridad y control del establecimiento educativo.

La reciente sentencia de la Cámara de Apelaciones incrementó la indemnización inicialmente fijada por la jueza Mariana Lucía Tonto de Bessone. Los jueces Monterisi, Roberto y Méndez resolvieron "aumentar la compensación por incapacidad sobreviniente a un total de $3.178.847,98 más intereses a liquidar" y elevar "la compensación por daño moral a la suma de $3.199.999". En total, la institución educativa deberá hacer frente a una indemnización que supera los $6.378.846.

Este caso destaca la importancia de abordar de manera seria y efectiva el acoso escolar, subrayando la necesidad de que las instituciones educativas asuman la responsabilidad de proteger y brindar un ambiente seguro para todos sus estudiantes.

Con información de 0223.com.ar

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