Freno del gobierno a la ley de Economía del Conocimiento

La resolución 30/2020 dictada este lunes por el Ministerio de Desarrollo Productivo sembró incertidumbre dentro del variado universo de las empresas de la Economía del Conocimiento. 

La norma podría impedirles acceder a los beneficios impositivos que, entre otros incentivos, les brinda la ley 27.506, sancionada en mayo pasado y cuya reglamentación dejó en duda.

Ninguna de las empresas ni cámaras involucradas dieron su opinión en relación al tema. No obstante, pudo saberse que la decisión oficial generó gran preocupación en las compañías ya que, en los hechos, suspendió la entrada en vigencia de la reglamentación establecida por el gobierno anterior.

Hoy, las empresas aseguran no saber cuándo llegará una nueva reglamentación y, mucho menos, cuál será su contenido. Tampoco descartan que el tema llegue al Congreso y que la ley sufra modificaciones.

Desde una de las principales empresas afectadas aseguraron que habrá una respuesta formal cuando se conozca la nueva resolución del ministerio de Desarrollo Productivo que, según les adelantaron los funcionarios a los empresarios, podría llegar a conocerse en los próximos días.

Las empresas de informática, por caso, quedaron sin ninguna norma de incentivo. La ley de Software, que regía desde 2005, venció el 31 de diciembre pasado. Les otorgaba beneficios tales como una alícuota menor en el impuesto a las Ganancias o en Ingresos Brutos de la Ciudad de Buenos Aires.

La entrada en vigencia de ley de Economía del Conocimiento, que podía compensar los beneficios que terminaron, quedó en un cono de sombras.

Fuentes de la Cámara de Biotecnología dijeron que el Gobierno en el último mes les adelantó que iba pasar esto pero que no implicaba un suspensión definitiva de la ley, sino que iba a haber una readecuación de la misma en el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso.

Si bien la ley de Economía del Conocimiento se gestó y tuvo aprobación parlamentaria íntegramente durante el gobierno de Mauricio Macri, en el sector destacan que Alberto Fernández se pronunció públicamente en favor de la norma. Por ese motivo, explican, causó más sorpresa la decisión.

Fuente: Infobae.