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falta presupuesto

Se demora la recuperación de los bienes de la corrupción

Desde el Ministerio Público aclaran que no tiene fondos para pagar la tasa de justicia que se requiere para iniciar el trámite.

Algunos de los vehículos recuperados.

Es paradójico: para recuperar los activos y los bienes vinculados a la corrupción y al crimen organizado, el Estado debe desembolsar recursos públicos.

En cada juicio, el Estado debe afrontar el pago de la tasa de justicia correspondiente, y como el Ministerio Público -encargado de impulsar la acción de recupero- no tiene el presupuesto suficiente, el Poder Ejecutivo debió remitirle una partida de fondos extraordinaria para iniciar las primeras demandas.

En enero pasado, el presidente Mauricio Macri creó, a través del decreto de necesidad y urgencia 62/2019, el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio. Es un procedimiento por el cual el Gobierno se propone "recuperar lo robado" por la vía de la Justicia Civil. Sin embargo, en todos los juicios civiles se debe abonar la correspondiente tasa de justicia y, al no contar con el debido presupuesto, el Ministerio Público debió acudir a la ayuda del Ministerio de Justicia.

De todas formas, el problema de fondo sigue en pie y el decreto de extinción de dominio demora en aplicarse plenamente como consecuencia de la falta de presupuesto.

El procurador general interino, Eduardo Casal, dio cuenta de la situación el mes pasado ante los legisladores que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal del Congreso.

La diputada Graciela Ocaña (Cambiemos) le había preguntado por la demora en la conformación de la Procuraduría de Extinción de Dominio, el organismo encargado de presentar las demandas e impulsar las acciones de extinción de dominio, como establece el decreto 62/2019.

"Pedimos el refuerzo presupuestario [para la creación de ese organismo] -respondió el procurador Casal-. No obstante eso, tuvimos una primera dificultad operativa, que es el pago de la tasa de justicia. Porque (la extinción de dominio) es un juicio civil y no tenemos presupuesto para eso. Igualmente, el decreto es aplicable aun cuando no esté conformada la procuraduría. Los que tienen la acción son los fiscales".

Ante la posibilidad cierta de que, por falta de presupuesto, se demore la aplicación del decreto sobre extinción de dominio, la diputada Graciela Ocaña presentó un proyecto de ley en el que propone eximir al Ministerio Público del pago de la tasa de justicia.

La iniciativa de Ocaña consta solo de ese artículo, suficiente para solucionar el problema que el Poder Ejecutivo no supo prever al momento de dictar el decreto.

El lujoso yate de Jaime, hoy en Prefectura.

"Es imprescindible que le demos solución a esta problemática y dotemos al sistema de justicia de herramientas que realmente le otorguen al sistema civil agilidad, celeridad y eficacia -fundamentó Graciela Ocaña en su proyecto-. Es indispensable que el Estado garantice que se ponga en práctica el DNU 62/2019, para la erradicación integral del flagelo de la corrupción en nuestro país".

El ministro de Justicia, Germán Garavano, está de acuerdo con que este tema se solucione por ley. Así lo anticipó el funcionario y agregó que, además del proyecto de Ocaña, el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que en pocas semanas más se presentará al Congreso, propone que en los procesos de extinción de dominio la tasa de justicia se pague con la venta de los bienes.

"El 1° de julio pasado recibí este proyecto de reforma, que fue elaborado por 21 especialistas que trabajaron durante más de tres años en el nuevo texto. Prontamente será presentado al Congreso, así que, en definitiva, los legisladores serán quienes resolverán el tema", sostuvo.

El interrogante es qué se hace para solucionar el problema hasta que se sancione la ley.

Sin presupuesto, el Ministerio Público debió solicitar una partida extraordinaria para atender los gastos de la primera y única demanda de extinción de dominio impulsada hasta ahora: la que involucra al clan Loza y el embargo millonario sobre sus bienes, calculados en $800 millones.

Se trata de una banda dedicada al tráfico de drogas a España y al lavado de dinero; según el juez y los fiscales a cargo de la causa, el listado de los bienes embargados incluye 45 inmuebles, más de treinta vehículos de alta gama, motos, joyas y dinero en efectivo.

Fuente: La Nación.


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