Denunciaron por presunta estafa a Hernán Casciari y el escritor salió a defenderse

El escritor Hernán Casciari fue denunciado penalmente por presunta estafa por 18 socios productores que participaron en el financiamiento de películas y series de Orsai Audiovisuales. Los denunciantes cuestionan la administración de los fondos y la falta de rendiciones documentadas, mientras que el autor reconoció errores en algunos proyectos, pero negó haber cometido un delito.

La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34 de Buenos Aires, con intervención de la Fiscalía N° 16.

Los inversores, representados por el abogado Ariel Gil Ces, aportaron entre 50 y 3.000 dólares a distintas producciones, entre ellas La Uruguaya, Canelones y La muerte de un comediante.

Según la denuncia, varios participantes recibieron retornos mínimos o directamente no recuperaron su inversión. También sostienen que existieron movimientos de dinero entre proyectos sin autorización y que las planillas entregadas no incluían comprobantes suficientes para verificar ingresos y gastos.

Por ese motivo, solicitaron una auditoría contable y medidas para esclarecer el destino de los recursos.

Casciari respondió públicamente mediante un video publicado en Instagram, donde compartió un código QR para acceder a información económica de las producciones cuestionadas.

“Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos siempre al mismo tiempo, y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó”, explicó.

El escritor admitió problemas de organización y comunicación con los aportantes, a quienes aseguró haber pedido disculpas durante 2025.

“Nos equivocamos de buena leche, por querer hacer, por querer encontrar formas diferentes de hacer las cosas alrededor de los proyectos culturales”, manifestó. Sin embargo, rechazó categóricamente las acusaciones: “En ningún caso hubo una estafa ni hubo un fraude”.

El sistema de Orsai permite que particulares financien producciones audiovisuales mediante la compra de bonos y participen de sus eventuales ingresos comerciales.

La controversia gira alrededor de la transparencia de ese mecanismo y de las expectativas económicas generadas entre quienes aportaron dinero.

Mientras los denunciantes consideran que pudieron existir maniobras fraudulentas, Casciari sostiene que se trató de errores de gestión sin intención delictiva. La Justicia deberá determinar si las irregularidades denunciadas constituyen un delito.

Con información de Infobae y La Nación