Expropiación de Aerolíneas: el Gobierno busca evitar un pago de casi US$ 400 millones

El Gobierno nacional avanzará con una nueva presentación ante la Justicia de Estados Unidos para intentar evitar o postergar el pago de US$ 390,9 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, en una causa que lleva más de una década y que ingresó en una etapa decisiva.

El conflicto se originó a partir de un laudo del CIADI de 2017, que condenó a la Argentina a pagar US$ 321 millones más intereses al grupo español Marsans por la reestatización de las compañías. Con el paso de los años, los derechos sobre ese reclamo fueron adquiridos primero por Burford Capital y luego por Titan Consortium.

Actualmente, Titan exige US$ 390,9 millones más los intereses acumulados desde diciembre de 2024. La disputa se encuentra radicada en la Corte de Distrito de Columbia, en Washington, donde la empresa pidió que se reconozca y ejecute el laudo contra la Argentina.

La defensa del país sostuvo que el reclamo había prescripto y que existía un plazo de tres años para avanzar con la ejecución. Sin embargo, el tribunal entendió que correspondía aplicar un período de doce años y reconoció la condena, incluyendo intereses y costas.

En julio, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó esa decisión y rechazó el planteo argentino. Con ese fallo, Titan quedó habilitado para intentar avanzar sobre activos del país en Estados Unidos con el objetivo de cobrar la sentencia.

Ante ese escenario, la Procuración del Tesoro prepara un pedido de revisión ante la propia Cámara de Apelaciones. La estrategia busca que el tribunal vuelva a analizar cuestiones vinculadas con los plazos y el procedimiento antes de una eventual presentación ante la Corte Suprema estadounidense.

La ofensiva judicial estará encabezada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto con su equipo y la Secretaría Legal y Técnica. Por el momento, la estrategia no contempla solicitar de manera directa la suspensión de la sentencia, aunque se evalúan herramientas para evitar una ejecución inmediata.

Si la Cámara vuelve a rechazar el planteo, al Gobierno le quedaría como alternativa recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras tanto, también se analizan posibles vías de negociación para resolver el reclamo y diferir un eventual desembolso.

El litigio tiene su origen en la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral dispuesta durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, la discusión en los tribunales estadounidenses está centrada en las condiciones y los tiempos en los que puede ejecutarse aquella condena del CIADI.