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La Justicia ordenó nuevas medidas para verificar los ingresos de Adorni con criptomonedas
El fiscal Gerardo Pollicita pidió a la Comisión Nacional de Valores un informe sobre el mundo cripto desde 2012.
La Justicia federal ordenó nuevas medidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de verificar su explicación sobre inversiones en criptomonedas y ampliar el análisis patrimonial.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió a la Comisión Nacional de Valores un informe sobre plataformas, exchanges, billeteras virtuales e intermediarios que hayan operado en el país desde 2012, un año antes del período en el que Adorni dijo haber comenzado a invertir en bitcoin.
El funcionario sostuvo que invirtió 200.000 dólares y obtuvo una ganancia de otros 300.000 dólares. La fiscalía busca determinar qué entidades existían en ese mercado por entonces y si había un “registro formal de prestadores” de servicios vinculados a activos virtuales. Además, la DAFI trabaja en un cuadro técnico sobre la evolución histórica del precio del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad.
La investigación también avanzó sobre la casa de fin de semana que Adorni compró y remodeló en el country Indio Cuá. Pollicita solicitó los registros de ingresos y egresos al lote 380 para “reconstruir aspectos estrictamente patrimoniales vinculados con las reformas”. Las fuentes aclararon que “no se requirió información sobre visitas personales, reuniones o movimientos ajenos a esa finalidad”.
La remodelación estuvo a cargo del contratista Matías Tabar, quien declaró haberle cobrado 245.000 dólares al funcionario. En el peritaje de su celular aparecieron nuevos gastos, entre ellos una compra de ropa de cama y blanquería por $8.183.303, facturada a nombre de una tercera persona. Una fuente describió que fue realizada “en el lugar más caro posible”. La fiscalía pidió información para identificar al destinatario final.
Otro punto bajo análisis es si Silvia Pais, madre de Adorni, se mudó al barrio privado Fincas de Iraola, en Berazategui. La administración deberá informar si vive allí, desde cuándo, bajo qué condición y cuánto paga de expensas o alquiler.
En paralelo, Pollicita pidió datos de la causa contra Francisco Adorni, hermano del funcionario, también investigado por enriquecimiento ilícito, y solicitó informes sobre posibles antecedentes laborales de Manuel Adorni y su esposa en la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores.
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