Tragedia en Bahiense: Otharán dijo que el club "violaba la ordenanza" y que Soberón no controló

El caso Bahiense del Norte sumó este viernes un nuevo capítulo tras la declaración indagatoria de la jefa del Departamento de Habilitaciones de la Municipalidad, Laura Soberón, imputada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. Al respecto, Jorge Otharán, abogado de un grupo de familiares y damnificados, habló esta mañana con La Brújula 24.

El letrado explicó que, aunque la defensa de Soberón sostiene que el área que ella dirigía no tenía competencia para clausurar la institución, la ordenanza 8002 es concluyente respecto al funcionamiento de las entidades deportivas. “El edificio no fue habilitado ni está habilitado. Y la ordenanza acá es taxativa: los clubes no pueden abrir sus puertas ni realizar ningún tipo de actividad hasta tanto no tengan la habilitación definitiva concluida”, remarcó.

Según Otharán, Soberón estuvo al frente del área desde agosto de 2018 hasta julio de 2025, y por lo tanto tenía responsabilidad directa sobre los expedientes vinculados a entidades en infracción. “Cuando uno está a cargo de una oficina tiene que controlar lo que pasa en esa oficina, máximo cuando se trata de habilitaciones y de una institución que funciona, a nuestro criterio, en violación a una ordenanza municipal”, sostuvo.

También se refirió al impacto emocional y social que generó la tragedia, y a cuestionamientos hacia el avance de la investigación. “Lo sucedido fue muy grave, pocas veces en la historia de Bahía Blanca hubo un hecho con esta cantidad de damnificados y de fallecidos. Se tiene que investigar independientemente de quiénes sean las personas”, afirmó.

Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con la situación actual del predio del club. Otharán reveló que “cuando el fiscal Aguilar solicitó la clausura en marzo, la jueza remitió la cuestión al Juzgado de Faltas municipal. Cuando fueron a inspeccionar, el club presentó un permiso provisorio por 60 días, que también viola la ordenanza. Y ese permiso, todo indica, fue prorrogado”.

A esto se suma el contenido de las pericias del cuerpo de expertos de la Suprema Corte bonaerense, que detectaron fallas estructurales en otro muro del predio. “La pared que está enfrente de la que se cayó presenta los mismos desperfectos técnicos. Esa fue la razón por la que el fiscal pidió la clausura”, advirtió.

Consultado sobre las penas que podrían caberle a Soberón, el abogado precisó que el delito imputado (incumplimiento de deberes de funcionaria pública) prevé inhabilitación de uno a doce meses para ejercer cargos públicos. “Después dependerá del organismo si la reincorpora o no”, señaló.