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Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner
La Fiscalía individualizó bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires dispuso el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado de $684.990,3 millones en el marco de la causa por administración fraudulenta contra el Estado, según la resolución firmada el 18 de noviembre de 2025. La medida alcanza a Lázaro Antonio Báez, Cristina Fernández de Kirchner, otras personas condenadas y sociedades vinculadas, así como a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en calidad de titulares de bienes identificados en el proceso.
La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835,2 millones, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.
El tribunal ordenó la tasación y ejecución de los bienes incluidos en el decomiso, dando prioridad a aquellos en poder de los condenados y de las sociedades identificadas en la maniobra delictiva.
De allí que el decomiso dispuesto incluye bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado. La resolución señaló que los bienes decomisados deben ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.
La Fiscalía individualizó bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva.
Las defensas de los condenados, solicitaron el rechazo del decomiso de los bienes identificados, argumentando falta de acreditación del nexo causal entre los activos y el delito, insuficiencia probatoria y vulneración de principios constitucionales. También cuestionaron la extensión de la medida a bienes adquiridos antes del ejercicio de los cargos públicos y la inclusión de bienes previamente investigados en otras causas con sobreseimientos firmes.
Fuente: Infobae
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