El Gobierno propone penas más duras para violadores y cadena perpetua efectiva

El Gobierno prepara algunas de las iniciativas que enviará para su tratamiento durante el próximo periodo de ordinarias, una de las cuales es la modificación del Código Penal para endurecer las sentencias para determinados delitos.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales, el texto en cuestión ya está listo desde octubre pasado y el objetivo es que sea presentado por el presidente Javier Milei cuando inaugure, el primero de marzo, el año legislativo.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, es quien está detrás de los cambios, junto a un equipo de asesores en la materia que integran la Comisión de Reforma del Código Penal, encabezada por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre.

Según anticiparon personas al tanto de esta propuesta, uno de los cambios que se introducirán estará vinculado con la cadena perpetua, que actualmente fija una pena máxima de 35 años, excepto casos muy específicos y aislados.

De hecho, el único criminal que está hace más de cinco décadas en prisión es el múltiple homicida Carlos Eduardo Robledo Puch, apodado “El ángel de la muerte”, quien entre 1971 y 1972 mató a 11 personas.

Actualmente, el artículo 13 del Título II del Código Penal establece que “el condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco años de condena”, podrá obtener la libertad “por resolución judicial”, previo informe de la dirección del establecimiento y de peritos que “pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social”.

“Nosotros queremos, no solo que todas las penas sean más altas, sino que la perpetua sea, efectivamente, perpetua, para toda la vida”, explicó uno de los funcionarios que están elaborando el proyecto.

Si bien todavía no se determinó qué tipo de delitos entrarían dentro de los parámetros para esa condena, serían los más graves, como algunos tipos de homicidio o hechos de violencia importante.

Para las violaciones, por ejemplo, lo que se está estudiando es incrementar el castigo, que hasta el momento está fijado de seis a quince años, que se pueden extender hasta 20 ante diferentes agravantes, como daño en la salud física o mental de la víctima, o cuando el atacante tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual.

Las autoridades nacionales argumentan que esta decisión de aumentar las penas se basa en la convicción de que “además de funcionar como método punitivo, sirven como una suerte de disuasión del delito”.

En paralelo a esta iniciativa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está trabajando en un proyecto para construir cárceles de gestión privada, con el objetivo de aliviar la carga de los establecimientos penitenciarios estatales, que sufren de sobrepoblación desde hace décadas.

Fuente: Infobae