El Gobierno avanza con la privatización de tres empresas estatales

El Gobierno de Javier Milei pisa el acelerador en su estrategia de privatización y tiene en la mira a tres gigantes estatales: Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Banco Nación. Con la premisa de eliminar lo que consideran privilegios y gastos innecesarios, la administración libertaria trabaja en la ingeniería legal necesaria para trasladar estas empresas al sector privado.

Cada compañía tiene un presente distinto y en algunos casos aún se debe trabajar en el traspaso de una sociedad del estado a una sociedad anónima como el Banco Nación. Se trata de una etapa fundamental en el eventual proceso de venta de la empresa.

“El Presidente entiende que el Estado no debe administrar ninguna empresa, incluso ni las que funcionen bien. No es una u otra, es una cuestión ideológica”, insisten en la Casa Rosada. En cuanto a Aerolíneas Argentinas, el Gobierno trabaja bajo estricta reserva en un “artilugio legal” para intentar llevar el proyecto de ley al Congreso y obtener la aprobación de ambas cámaras. Sin ese visto bueno, la firma no se puede vender.

Mientras tanto, la estrategia inmediata es reducir su dependencia de los subsidios. En 2025, contará con un crédito de 60 millones de dólares, menor a los 75 millones asignados en 2024. La intención es usar "lo menos posible", salvo que surja un nuevo plan de retiros voluntarios.

Uno de los escenarios que se evalúa es vender la aerolínea por partes si no se consigue un comprador para el paquete completo. Esto implicaría ofertar separadamente aviones, simuladores de vuelo y otros activos.

En paralelo, AYSA se perfila para su salida al mercado de acciones y bonos. Actualmente, el Estado controla el 90% de la compañía, mientras que el 10% restante pertenece a los trabajadores mediante el Programa de Participación Accionaria (PPA). Desde que asumió Milei, la empresa redujo su plantel de 7.700 a 6.400 empleados a través de retiros voluntarios.

En cuanto al Banco Nación, el primer paso es transformarlo en sociedad anónima, lo que requiere la aprobación de la Inspección General de Justicia (IGJ). Una vez concretado, el siguiente obstáculo será la autorización del Congreso. "Es un proceso delicado. Un error podría permitir que un futuro gobierno lo reestatice", advierten en círculos oficiales.

Actualmente, el banco maneja activos por 48 billones de pesos, depósitos por 33 billones y un patrimonio neto de 15 billones. La meta del Gobierno es atraer inversores privados para facilitar una eventual privatización total o parcial.

Con información de TN