El Gobierno impulsa una nueva reforma al Código Penal con importantes cambios

El Gobierno está impulsando una ambiciosa reforma del Código Penal, con un proyecto que ya ha sido presentado al Ministerio de Justicia y se dirige al Congreso. Esta nueva propuesta, elaborada por una comisión de jueces, académicos y abogados, busca actualizar y modernizar varios aspectos fundamentales de la legislación penal.

Entre los cambios más relevantes se encuentran una definición más clara de lo que constituye un "funcionario público" y un "empleado público", lo que impactará en la forma en que se miden las penas por delitos en el ejercicio de ambos roles.

El proyecto también amplía conceptos clave como el de "estupefacientes", incluyendo sustancias psicotrópicas, y redefine la "tortura", para abarcar no solo el sufrimiento físico sino también el psicológico. El nuevo Código Penal mantiene la estructura básica del actual, pero suma más artículos, elevando el total de 316 a 538, con un tercer libro dedicado casi exclusivamente a delitos contra los derechos humanos, lo que refleja un compromiso renovado con la protección de estos derechos fundamentales.

Uno de los puntos más discutidos es la incorporación del "decomiso anticipado", que permitiría confiscar bienes presumidos de origen ilícito antes de que se dicte una sentencia definitiva. Esta medida, aunque controvertida, busca prevenir que los acusados puedan evadir la justicia transfiriendo activos antes del fallo final. Además, el proyecto amplía el delito de soborno para incluir también a privados, lo que equipararía la responsabilidad penal de las personas jurídicas en todos los delitos, no solo en casos de corrupción gubernamental.

Otro aspecto innovador es la regulación más precisa de los delitos informáticos, un área que ha crecido exponencialmente con el avance tecnológico. El nuevo Código organiza y tipifica delitos como el phishing, el grooming y los daños informáticos, buscando cerrar las brechas legales que han surgido en los últimos años.

También ordena y especifica la naturaleza y los alcances de los delitos ambientales, lo que podría aplicarse -por ejemplo- a los incendios forestales intencionales sobre el supuesto de arrasar con grandes extensiones de tierra para impulsar allí proyectos inmobiliarios o de infraestructura.

Con información de A24