Avanza proyecto que obliga a las apps a “blanquear” a los repartidores

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley que busca regularizar y mejorar las condiciones laborales de los repartidores de las aplicaciones de delivery y otras actividades similares. Se trata de una iniciativa que volvió a encender la polémica en territorio bonaerense en relación a la responsabilidad de las plataformas sobre sus trabajadores.

El proyecto cuya autoría es del senador Omar Plaini (Frente de Todos) plantea la creación de un registro de trabajadores y de los vehículos en los que se movilizan, sean autos, motos o bicicletas. También establece que las personas jurídicas, empleadores, prestadores o aplicaciones móviles tendrán que inscribir a sus trabajadores quienes contarán con un certificado habilitante para ejercer las tareas de reparto.

A su vez, el Gobierno provincial deberá definir una autoridad de aplicación de la normativa que fijará las condiciones de inscripción, identificará a los trabajadores, sus vehículos y controlará las condiciones laborales.

Otro de los ejes aprobados por el Senado y que ahora revisará la Cámara de Diputados bonaerense es que los empleadores, personas jurídicas o plataformas deberán denunciar una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) para sus empleados al igual que los horarios de conexión y desconexión.

El proyecto se mete en una discusión álgida que tuvo lugar con la explosión del fenómeno de las aplicaciones como Rappi o Pedidos Ya, que ofrecen una variedad de beneficios laborales tales como la flexibilidad horaria, por ejemplo. Sin embargo, no tardaron en aparecer las críticas y la presión para que la actividad se regule para que los trabajadores y trabajadoras tengan acceso a una cobertura médica y reconocimiento formal por parte de sus empleadores.

En términos materiales, la normativa aprobada por el Senado busca que los repartidores dejen de ser autónomos para pasar al reconocimiento por parte de sus empleadores.

De aprobarse la iniciativa sin modificaciones, algo que está en dudas porque tiene algunos rechazos, el Ejecutivo fijará las condiciones de inscripción, identificará a las personas jurídicas empleadoras, controlará las condiciones del servicio y el cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva la actividad.

Fuente: Perfil