El genocida Brunello: detalles de una captura que no fue sencilla

Pablo Fermento, auxiliar fiscal, habló hoy con La Brújula 24 sobre la captura del genocida Roberto Carlos Brunello, un militar retirado con la jerarquía de Teniente Coronel imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Como informó este medio, Brunello fue detenido por efectivos policiales de la División Comando Patrulla Escobar y personal perteneciente a la PFA, en la localidad de Belén de Escobar.

El Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido dos millones de pesos de recompensa para quienes pudieran aportar datos sobre su paradero, ya que se encontraba prófugo desde el 22 de noviembre del 2013. Debe responder por los delitos de secuestro, aplicación de torturas, ejercicio de violencia sexual y homicidio, bajo la modalidad de desaparición forzada de persona.

“El Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca en los años 76/77 funcionó como un espacio que articulaba entre La Escuelita y la cárcel, o como paso previo a La Escuelita. Por ahí pasó más de un centenar de personas y eso es parte de una historia que se conoce poco de Bahía Blanca, pero hablamos de personas que fueron secuestradas tanto en esta ciudad como en localidades vecinas”, indicó Fermento en el programa “Vive cada día”.

Describió que “las fuerzas del Batallón iban a estas localidades, hacían un rastrillaje y volvían con numerosos detenidos que eran llevados al Batallón, en muchos casos encapuchados y esposados. Eran interrogados y torturados con picana eléctrica, abusados sexualmente y muchos de ellos pasaron luego a La Escuelita”.

Fermento afirmó que “algunas víctimas se encuentran desaparecidas o ‘fueron hechas aparecer’ en supuestos enfrentamientos”.

EL JUICIO SE HARÁ EN FEBRERO DE 2022

Respecto de Brunello precisó que “forma parte de una camada de imputaciones que se realizaron en 2013, de las cuales surgieron las acusaciones que ahora van a llegar a juicio en febrero del año que viene”.

No resultó sencilla la captura del genocida, según dijo el auxiliar fiscal, al mencionar que “vivía en un countrie en la zona norte de la provincia y esos barrios cerrados son impenetrables para la realización de tareas de inteligencia”.

El genocida quedó alojado en una dependencia de la Policía Federal, mientras se define a qué unidad penal lo envían.

“Hoy fue indagado, la defensa solicitó revisión médica y la fiscalía pidió que se haga, pero por parte del cuerpo médico forense y no en la cárcel. El proceso recién arranca, el juez tiene 10 días para resolver si lo procesa o no”, concluyó Fermento.