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caso astudillo castro

Un año de la muerte de Facundo: una causa marcada por pruebas "plantadas" y armado mediático

Los datos sobre la investigación. Cómo se inventaron hechos para culpar a inocentes de una "desaparición forzada" que nunca existió.

La investigación por la muerte de Facundo Astudillo Castro fue un show. Un triste y trágico show, en la que la verdad le interesó a muy pocos.

Facundo murió ahogado en el estuario de Bahía Blanca, en la zona Villarino Viejo. Cuestiones políticas e inconfesables intereses se entremezclaron con la intención de inventar un “desaparecido en democracia”. Las víctimas de la maniobra fueron un par de ignotos policías de pueblo, a quienes intentaron “tirarle el muerto” y responsabilizarlos de los más atroces hechos.

Un perito trucho, llamado Marcos Herrero, encontró “amuletos” de Facundo, donde está probado que el chico nunca estuvo. Tres testigos declararon, de la mano de la querella, haber visto cosas que nunca sucedieron.

Esa misma querella, que se apoyaba en pruebas falsas para sostener lo insostenible, intentó esmerilar y “voltear” evidencia seria y consistente que demolía el relato armado; por ejemplo, con la productora rural que con su testimonio arruinó el plan armado.

El Equipo Argentino de Antropología Forense realizó un trabajo de orgullo nacional, en el que determinó que Facundo murió ahogado en la ría y que no sufrió lesiones premortem. No hubo tortura, no hubo golpes, ni cuchilladas ni disparos. Murió sin la participación de terceros.

A ese impecable informe, se le suma uno reciente del IADO, que estudió el fangoso terreno por el que caminó Facundo aquella noche del 30 de abril de 2020 y estableció que la principal hipótesis es que haya quedado atrapado en el barro y la marea lo haya tapado. Una muerte terrible.

Inventar “un desaparecido” en un país que sufrió la sangrienta dictadura militar, es una afrenta a los Derechos Humanos y una canallada imperdonable.

Todo el circo fue acompañado por la gran mayoría de los medios de comunicación que, ingenua o intencionalmente, abonaron y repitieron las delirantes teorías de la querella. Sin esa contribución, que sirvió para intentar presionar a la Jueza Gabriela Marrón y al fiscal Santiago Martínez, la causa no hubiese tenido semejante escalada.

Plantar prueba, proponer testigos truchos y atacar a los que decían la verdad no puede ser gratis; el Estado debe investigar y sancionar semejantes conductas. Acusar a inocentes para satisfacer oscuros intereses no puede ser un hecho que pase desapercibido.

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