“No perjudicaremos a las empresas, la idea es que todos accedan a la conectividad”

La Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) entró en vigencia desde el primer día del año. La misma alcanza a los servicios de telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable, declarados servicios públicos esenciales y en competencia a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20. El decreto tuvo como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por cualquiera de sus plataformas.

Podrán optar por adherirse a la Prestación Básica Universal y Obligatoria las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, como así también sus hijos e hijas de entre 16 y 18 años, y miembros de su grupo familiar. Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones No Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles, como así también sus hijos e hijas; clubes de barrio y de pueblo que se encuentren registrados.

Al respecto, el titular del Enacom en Bahía Blanca, Nicolás Bartolozzi, explicó en LA BRÚJULA 24 que “Esto genera un cambio de paradigma porque Argentina se adapta a declaraciones mundiales, declarando el acceso a la conectividad como un derecho humano y de interés público a las tecnologías de comunicación”.

“Al congelarse las tarifas, el Estado nacional tomó el compromiso de acompañar sin que haya aumentos. Además, desde el 1º de enero, las empresas no podrán generar aumentos unilaterales, sino que cada vez que consideren que sea necesaria una suba, deberán presentar un plan de costos ante el Enacom y el Estado será el que determine si hay o no incremento y en qué porcentaje. Y la tercera de las disposiciones del decreto tiene que ver con la creación de la tarifa social que concreta un derecho humano hacia la sociedad y una obligación a las empresas”, sostuvo Bartolozzi, en el programa “Bahía Hoy”.

Consultado respecto al carácter de la medida, el funcionario sostuvo que “el decreto asimila a estos rubros como servicio público como ocurre con la medicina prepaga, la luz y el gas. Determina al Enacom como ente rector. El trámite para sectores de menores ingresos es mitad virtual y mitad personal. La gente ingresa a nuestra página e imprime una declaración jurada que los vincula con el universo de beneficiarios. Con esa planilla en mano se acerca a la compañía de telecomunicaciones que les asigna los beneficios si cumple con los parámetros establecidos. Muchas de las prestaciones de Anses se ven reflejadas en este universo, unas 10 millones de personas en total”.

“Una cosa son las multinacionales y otras las Pymes y Cooperativas. Las primeras tuvieron márgenes de ganancias importante en pandemia. Hubo mesas de diálogos con los CEOs y se analizaron los costos de prestación de servicios, consensuando que en enero tendrán un aumento de 5% para sobrellevar los costos fijos. Cuando hablamos de compañías más pequeñas brindan el servicio de conectividad en pequeñas localidades del Interior del país y para ellos lo que se hizo es atender a un pedido por escrito para llevar adelante una regulación asimétrica. Es decir, que se puedan analizar los costos fijos a favor de las empresas. Por eso se les otorgó la posibilidad de un aumento del 8%. Por eso no se busca perjudicar al capital privado, sino que la población pueda acceder a los servicios de manera accesible”, finalizó.