Ayuda para el personal de salud, monotributistas y autónomos

Tras detectar un alto porcentaje de ausentismo desde el avance del coronavirus en el país, el Gobierno busca incentivar al personal de la salud con un aumento de $30.000 que correrá por cuenta del Estado.

La suba alcanzará a unas 750.000 personas y se haría en tres pagos, aunque estará atado al presentismo.

La letra chica de la normativa, que está a la espera de la firma del Presidente, se evalúa en el Ministerio de Economía. El acuerdo también fue confirmado por dos dirigentes sindicales de peso que fueron integrados al comité de crisis que se activó en el octavo piso del Ministerio de Salud.

El incentivo económico apunta a bajar el nivel de ausentismo en los hospitales públicos y privados, en los que las bajas se acentuaron desde que la pandemia avanza con más fuerza en el país. En un hospital de Misiones, por ejemplo, el ausentismo alcanzó niveles inesperados al día siguiente de conocerse el primer caso positivo en esa provincia.

Además, el Gobierno busca sumar a estudiantes del último año de Medicina y Enfermería para que participen del operativo destinado a contener la pandemia. Estiman que los profesionales disponibles no serán suficientes para enfrentar el avance del virus en las próximas semanas, cuando se estima el pico de casos.

Además, en el paquete de medidas que será anunciado desde las 19, se esperan iniciativas que colaboren con paliar la situación de los monotributistas de las categorías más bajas, autónomos y trabajadores de la economía informal. También en personas que no pueden hacer frente a sus deuda y pago de servicios.

Para los monotributistas, el Gobierno analiza la posibilidad de hacer pagos excepcionales que cubran el parate en la facturación. Se habla de dos sumas fijas, al menos, más la posibilidad de dar facilidades para el pago de las cuotas. No estaba definido si se planea alcanzar a todo el universo de aportantes del régimen simplificado o sólo a las categorías más bajas, aunque éstos son los sectores que en principio se priorizarían. Hay 3,6 millones de monotributistas en total y casi 2 millones en las categorías más bajas.

La suma fija podría alcanzar también a los autónomos, ante la preocupación por el corte a los ingresos de los profesionales independientes.

Pero la parte más difícil del trabajo se concentra sobre los trabajadores de la economía informal. Se trata del 30% de las familias, según cálculos de la UCA, y del 35% de la población económicamente activa que no tiene la capacidad de interrumpir sus tareas sin perder todos sus ingresos.

Otro instrumento serán las prórrogas y exenciones impositivas, de diferente alcance: más amplias para los sectores más afectados (inmobiliarias, construcción, gastronomía, hotelería) y la prohibición, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del corte por falta de pago de los servicios básicos de electricidad, gas y agua, a los que ayer por la noche el propio Presidente agregó el servicio de cable e Internet como una opción. También se discuten, en este caso con la oposición para que salgan por ley, la suspensión de desalojos por 90 días y otras medidas con impacto en los alquileres.

En declaraciones radiales durante el fin de semana, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, estimó este universo en un millón de personas. “Se está evaluando la situación. El tema ya fue planteado por el Presidente para los monotributistas y los trabajadores informales, como taxistas, mozos, azulejistas, jardineros; mucha gente que gana la diaria y que no está en situación de pobreza, pero que vive de eso, y hoy tiene dificultades”, dijo.

El abogado experto en temas tributarios Diego Fraga dijo que “debería atenderse la situación de una legión de ex monotributistas excluidos por la AFIP del aludido régimen simplificado en los últimos años, sin ningún tipo de miramiento y, en muchos casos, de manera arbitraria e ilegal. Existen numerosos casos de exclusiones hasta por cuestiones meramente formales, lo que resulta un verdadero disparate. Desafortunadamente, muchos de estos pequeños contribuyentes, por necesidad, se han terminado volcando hacia la informalidad”.

“Una forma de recuperar a todos estos cuentapropistas sería propiciar una norma que permita el reingreso al régimen con un bloqueo fiscal que le impida al fisco determinar y ejecutar las deudas anteriores, descomunales, que para un pequeño contribuyente resultan impagables. En este sentido, para el reingreso al sistema solo debería exigirles el pago de las cuotas del régimen que les hubiese correspondido abonar desde que fueron excluidos”, explicó.

Ante el freno en la actividad y la recomendación de no salir de los hogares, Desarrollo Social reforzó el trabajo a través de comedores, sociedades de fomento y organizaciones sociales para el refuerzo de políticas de alimentación, ya impulsadas con la Tarjeta Alimentar para las familias con niños pequeños. Pero ahora el objetivo es ir más allá.

“Hay una población vulnerable a la que se llega a través de subsidios (jubilación, AUH, programas de empleo), población que en situaciones normales complementa sus ingresos por subsidios con actividades eventuales, y esto la afecta. El resto de la población vulnerable que compone economía popular tiene un esquema más asentado en la economía productiva. Atado a la informalidad, pero no recibe subsidio ni asistencia del estado. Por ahí es remisero, vendedor ambulante o trabaja en la construcción, no tiene hijos porque ya son grandes o porque es demasiado joven con lo cual no accede ni a jubilación ni a la AUH. En general, se trata de personas totalmente fuera del sistema financiero y de protección social o de la categoría más baja del monotributo”, dijo Daniel Menéndez, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo.

“Estimamos que de 4 a 5 millones de personas dependen de la economía social, 2 millones de esos trabajadores están alcanzados por la AUH y de alguna forma registrados. El universo que queda afuera de toda protección son 1 o 1,2 millones. Se necesita un trabajo de empadronamiento para llevarlo adelante”, agregó.

Las organizaciones sociales que forman parte del Gobierno o que trabajan en los programas de Desarrollo Social impulsan sus propios empadronamientos en estos días, pero el objetivo es llevar adelante un proceso más institucional.

El Gobierno consultó a organizaciones sociales, intendentes, centros de estudios económicos buscando solucionar el problema logístico. El decreto que prepara el Gobierno circuló en forma de borrador para que cada uno aporte sus comentarios. El problema es burocrático y logístico. Pero también de conflictividad social.

Para empezar, entienden que cruzando datos de subsidios públicos y de ingresos en el sector privado se puede alcanzar el universo en cuestión y van a poder delimitar con cierta precisión cuáles son los trabajadores informales que deberían estar alcanzados. Los monotributistas de las categorías más bajas son más sencillos de individualizar.

Según fuentes del Gobierno, se estima que los ingresos de los trabajadores informales pueden llegar en general a unos $40.000 mensuales. El aporte de sumas fijas por el tiempo que dure el parate debería cubrir -como piso- un cuarto de esos ingresos.

Sector formal, aparte

Para garantizar el pago de sueldos al sector formal, en el que los empleadores no están exentos del shock económico, el Gobierno confía en otras vías. El Banco Central, por ejemplo, redujo encajes bancarios y planea inyectar liquidez a bancos a través de las próximas licitaciones de Leliq para que abran líneas de crédito a una tasa del 24% anual con el objetivo de cubrir los gastos corrientes de las empresas que tienen acceso al sector financiero. Entienden que con esa medida alcanza para garantizar los salarios del mes a pesar de la caída en la facturación. La tasa está por debajo de la inflación esperada, por lo que esperan que sea considerado poco menos que dinero gratis por parte de las empresas.

También para las empresas en problemas para hoy se esperan definiciones sobre la aplicación del Repro, el sistema con el que el Estado cubre parte de los salarios de trabajadores registrados a cambio de que las firmas no caigan en despidos o suspensiones. En el año 2009, en plena recesión luego de la crisis financiera global, el sistema le pagó el salario a 145.000 trabajadores.

(Fuentes: La Nación e Infobae)