Causa seguros: qué dijo Alberto Fernández en su primer descargo

Alberto Fernández presentó su primer descargo en la causa donde está imputado por presuntos hechos de corrupción con lo seguros en el que rechazó haber cometido delitos, habló de pruebas que son "vaguedades" y hasta dijo que hay "persecución política" en el caso que investiga si benefició a Héctor Martínez Sosa, su amigo y broker también imputado en este expediente.

Para defenderse de las acusaciones penales, en el escrito que presentó ante el juez Julián Ercolini, el ex presidente sostuvo: "Lo más grave no es el intento de quienes ejercen la política -en forma mezquina- de utilizar a la Justicia penal como un medio de persecución, sino, que efectivamente la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones, instruyendo arbitrariamente causas judiciales en base a dichos de periodistas y a noticias falsas".

El ex presidente representado por la abogada Mariana Barbitta dijo que cuestionaba la “imputación penal” y también manifestó una "gran preocupación en términos de las garantías procesales y constitucionales que deben regir en un proceso penal digno del Estado democrático de Derecho -y que en el caso fueron avasalladas".

Al momento de iniciar su descargo sostuvo: "Lamentablemente, no puedo comenzar sino por referir que no estoy siendo juzgado por un Magistrado imparcial, lo destaco pues, ello explica el derrotero de estas actuaciones a mi respecto, las sucesivas “filtraciones” mediáticas de las actuaciones -supuestamente reservadas para las partes-, y el forzado direccionamiento de la “persecución penal” que pretende ejercitarse".

Después, se victimizó y habló de "vaguedad e imprecisión de la acusación" y también de una "complicidad entre el Poder Judicial el Ministerio Público Fiscal, los medios de comunicación y los mezquinos intereses políticos de determinados sectores" para perjudicarlo.

Bajo esa misma línea, continuó señalado la existencia de una "complicidad que entrelazada de manera tendenciosa, se dio en el objetivo de afectar el honor y la vida de las personas, así como desviar el correcto accionar de los órganos del sistema de administración de Justicia".

Con información de Clarín