Punta Alta: impulsan ordenanza para ordenar cableado aéreo y retirar tendidos en desuso

Un proyecto de ordenanza busca avanzar en el ordenamiento del cableado aéreo en Punta Alta y establecer mecanismos para retirar aquellos tendidos que hayan dejado de prestar servicio, una problemática que en los últimos meses volvió a generar reclamos por cuestiones de seguridad y contaminación visual.

La propuesta --impulsada por el edil Daniel Medina, del bloque Bien Común-- apunta especialmente a las redes pertenecientes a empresas de telecomunicaciones y otros prestadores que utilizan postes y estructuras ubicadas en la vía pública. El objetivo es que los conductores que ya no tengan utilidad sean identificados y retirados por las firmas responsables.

El distrito ya cuenta con la Ordenanza Nº 3295, que regula la instalación de redes mediante tendidos subterráneos y aéreos. Entre sus disposiciones establece que los conductores inactivos, ya sea por reformas, actualizaciones, bajas de servicios u otras circunstancias, deben ser retirados por la empresa prestataria después de una intimación.

La situación adquirió mayor relevancia durante este año por la aparición de cables sueltos, colgados a baja altura o acumulados sobre veredas y calzadas en diferentes sectores de Punta Alta.

En mayo, el Concejo Deliberante rosaleño solicitó al Ejecutivo una inspección de tendidos instalados por empresas privadas en Ciudad Atlántida y reclamó que se intime a las responsables a retirar excedentes y reacondicionar aquellas instalaciones que pudieran representar un riesgo para los peatones.

Entre los fundamentos planteados anteriormente por el cuerpo legislativo también aparece la incidencia del viento característico de la región, debido a que postes, estructuras y cables sin mantenimiento pueden incrementar el riesgo de accidentes cuando se encuentran deteriorados o fuera de servicio.

El nuevo proyecto busca profundizar ese ordenamiento y establecer un marco que permita controlar los tendidos existentes, determinar cuáles continúan operativos y exigir el retiro de aquellos que quedaron abandonados.

De avanzar la iniciativa, las empresas prestatarias deberán adecuar sus instalaciones a las condiciones que establezca la normativa y el Municipio tendrá a su cargo las tareas de fiscalización e intimación correspondientes.