Munafó fue denunciado por un comerciante al que le habría advertido que iba a ser allanado

La investigación que tiene bajo la lupa a Federico Munafó, alto funcionario de la Aduana de Bahía Blanca, surgió a partir de la causa por presunto contrabando y violaciones a la Ley de Marcas que en octubre de 2025 derivó en un megaoperativo sobre comercios de indumentaria de Bahía Blanca y otros puntos del país.

El expediente original buscaba determinar la existencia de una posible maniobra vinculada con la comercialización de mercadería importada y presuntas irregularidades marcarias, aduaneras e impositivas. La investigación terminó el 14 de octubre del año pasado con al menos 24 allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia Federal.

Trece de esos procedimientos se realizaron en Bahía Blanca, mientras que los restantes tuvieron lugar en Salta y Misiones. Entre los comercios alcanzados por las medidas se encontraban locales dedicados a la venta de indumentaria.

Uno de los datos que ahora adquiere relevancia dentro de la investigación sobre la posible filtración de información aparece en documentación incorporada al expediente y vinculada con Guillermo Ramírez, comerciante del rubro textil relacionado con la marca XMenos+Prendas.

La trama hasta hoy desconocida indica que una abogada que asistía a Ramírez informó que su cliente había sido contactado por un supuesto abogado perteneciente a un estudio jurídico, quien se habría ofrecido a “asistirlo” frente a una presunta causa federal por contrabando o encubrimiento. Fue el abogado Martiniano Grecco quien, finalmente y tras ser contactado por la letrada de Ramírez, pone en conocimiento a la Justicia Federal de la oscura situación.

El dato central fue otro: aquel contacto habría advertido al comerciante sobre la inminencia de un allanamiento judicial y hasta le habría brindado información sobre las fechas previstas para su realización. Incluso, le habrían sugerido que borre los mensajes de su celular y manipule la facturación.

De acuerdo con el documento, inicialmente el procedimiento habría estado programado para el jueves 9 de octubre de 2025, pero luego habría sido suspendido y reprogramado para realizarse entre el lunes 13 y el martes 14.

Finalmente, el megaoperativo efectivamente se concretó el martes 14 de octubre, cuando se desplegaron los allanamientos ordenados por el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca en el marco de la investigación por contrabando y violación a la Ley de Marcas. No obstante, según pudo saber la redacción de LA BRÚJULA 24 tomando contacto con el expediente, el propio allanado fue quien denunció a Munafó.

La coincidencia entre la información que habría recibido anticipadamente el comerciante y la fecha en la que finalmente se realizaron las medidas es uno de los elementos que forman parte del análisis judicial para determinar si existieron filtraciones de información reservada.

Es en ese contexto donde aparece investigada la actuación de Munafó (llegó a ARCA apadrinado por Ricardo Echegaray --ex titular de AFIP-- y es vocal dentro del Sindicato Único del Personal Aduanero a nivel local). La hipótesis que busca esclarecer la Fiscalía es si, aprovechando su función dentro de un área sensible de la Aduana, habría brindado o facilitado datos sobre operativos e inspecciones que posteriormente debía realizar el propio organismo.

La pesquisa no apunta a establecer que el funcionario haya formado parte de la presunta maniobra comercial investigada originalmente, sino a determinar si información que debía permanecer bajo reserva llegó anticipadamente a personas alcanzadas por medidas judiciales.

La causa está a cargo del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y entre las pruebas consideradas relevantes aparecen escuchas telefónicas y otras comunicaciones que serán analizadas para reconstruir el circuito de la información.

La investigación sobre Munafó derivó esta semana en allanamientos realizados por personal de Prefectura Naval Argentina. Uno de ellos tuvo lugar en la oficina que ocupa dentro de la sede central de ARCA, ubicada en San Martín 145, mientras que también se realizaron procedimientos en domicilios particulares (el de su ex mujer y el de su oficina particular).

Se lograron secuestrar elementos de interés para avanzar con las sospechas, entre ellos precintos aduaneros que fueron hallados en su propia vivienda, material que no puede salir de la sede de la Aduana.

Durante esas medidas fueron secuestrados teléfonos, computadoras y documentación que serán sometidos a peritajes. Los investigadores buscan determinar qué información pudo haber sido divulgada, quiénes tuvieron acceso a ella y si existieron otros procedimientos o inspecciones que también pudieron haber sido anticipados.

El análisis del material incorporado al expediente será clave para establecer el alcance de las presuntas filtraciones y determinar las eventuales responsabilidades penales.