Se multiplican los reclamos en Bahía por los reiterados atrasos de IOMA

Los reclamos contra IOMA volvieron a tomar fuerza en Bahía Blanca por las demoras en los pagos a prestadores y las consecuencias que esa situación tiene sobre pacientes con discapacidad. Lisa Vera, mamá de Helena, una nena bahiense de cuatro años, contó en La Brújula 24 que su hija permaneció entre dos y tres semanas sin tratamientos en IREL y advirtió que la deuda todavía no fue cancelada.

En diálogo con Modo Sábado, Vera explicó que un grupo de familias mantuvo reuniones tanto con el director local de IOMA como con Melina Chindi, directora de IREL, para conocer el estado de una deuda que inicialmente rondaba los 300 millones de pesos.

Según relató, de ese monto se habían pagado inicialmente unos 100 millones, lo que permitió afrontar parte de los salarios atrasados y comenzar a normalizar algunas prestaciones. En las últimas horas ingresó un nuevo pago, aunque las familias no fueron informadas sobre la cifra.

“Nosotros agradecemos la predisposición de la institución de retomar, porque era por lo que estábamos peleando. Pero reconocemos también que se les debe abonar el total, porque no podemos estar todos los meses con el miedo de que esto vuelva a pasar”, sostuvo Vera.

La situación afecta a más de 200 pacientes, entre chicos y adultos, que realizan distintos tratamientos en IREL. En el caso de Helena, la suspensión alteró una rutina que resulta central para su desarrollo.

“En chicos con discapacidad la rutina es muy importante. Afecta la calidad del sueño, el comportamiento y su salud en general”, explicó su mamá. La nena realiza un módulo completo que incluye kinesiología, hidroterapia y tratamientos vinculados con la fonoaudiología y la alimentación, ya que necesita aprender a masticar y tragar.

Durante las semanas en las que no tuvo acceso a las terapias, su familia debió intentar continuar en su casa con las herramientas que había incorporado durante los tratamientos. “Para nosotros fue convertirnos en terapistas. Usar las herramientas que nos fueron dando. Y no es fácil”, señaló.

Las familias también cuestionaron la respuesta obtenida durante una reunión con el responsable local de IOMA. Según Vera, sólo tres madres fueron recibidas y durante el encuentro el funcionario hizo hincapié en la necesidad de “cuidar” el convenio existente entre la obra social y IREL.

La mujer aseguró que, al preguntarle cómo estaba siendo protegido ese acuerdo ante la falta de pagos, no obtuvieron una respuesta concreta. Además, afirmó que el funcionario les planteó que, si continuaban presionando y el reclamo debía ser elevado a las autoridades centrales en La Plata, el convenio podía quedar en riesgo.

“Lo tomamos como una sugerencia de que si seguíamos reclamando podía peligrar el convenio”, relató. Vera remarcó que las familias consultaron quién podía disponer eventualmente la interrupción del acuerdo y les explicaron que cualquiera de las dos partes, IOMA o IREL, podía hacerlo.

Ante esa situación, decidieron comunicarse directamente con las autoridades provinciales de la obra social. Vera contó que mantuvo contacto con Silvia Martín, responsable del área de prestaciones, quien la derivó a una integrante de su equipo.

Según afirmó, durante esa conversación quedó en evidencia que las autoridades consultadas no tenían información precisa sobre el conflicto y comenzaron a interiorizarse sobre lo ocurrido a partir de las publicaciones periodísticas. Posteriormente les indicaron que el planteo había sido elevado a la conducción y que estaban trabajando sobre el problema.

Vera señaló además que, de acuerdo con lo conversado posteriormente con la directora de IREL, las negociaciones por la deuda comenzaron a realizarse de manera directa con IOMA central.

En ese contexto, las familias resolvieron mantener la movilización prevista para el martes 18 de agosto a las 9 frente a la sede de IOMA, en Zelarrayán 640. La convocatoria no estará limitada a los pacientes de IREL, sino que también apunta a afiliados que tengan trámites demorados, autorizaciones pendientes, prestaciones interrumpidas o dificultades para conseguir atención.

“¿Por qué tiene que movilizarse una familia a La Plata? Tenemos un representante acá en Bahía Blanca. En todo caso, el director local debe hacer las gestiones pertinentes”, cuestionó Vera.

La mamá también planteó que las dificultades exceden el conflicto puntual con IREL y mencionó los adicionales que, según afirmó, deben abonar numerosos afiliados para acceder a estudios o consultas pese a que el aporte a la obra social se descuenta mensualmente.

Sobre la posibilidad de denunciar cobros indebidos, advirtió que las familias muchas veces quedan ante una situación compleja: “Cuando denunciás no lo podés hacer de manera anónima. Denunciás a ese profesional y después te quedás sin cobertura”.

Mientras los pagos parciales permitieron recuperar parte de las prestaciones, el reclamo continuará hasta que se regularice la deuda. Para las familias, el objetivo es evitar nuevas interrupciones y garantizar que los tratamientos de los pacientes con discapacidad no vuelvan a quedar sujetos a conflictos administrativos o financieros.

“Las terapias son un derecho. Nosotros queremos hacer esto visible para llegar a las familias y también que, de ahora en más, la comunicación entre la institución y las familias sea directa”, concluyó Vera.