El Gobierno pidió la suspensión del fallo por YPF

El Gobierno argentino solicitó a la jueza estadounidense Loretta Preska que suspenda la ejecución del fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes, hasta tanto se resuelva la apelación correspondiente. La solicitud fue realizada este martes por el estudio de abogados Sullivan & Cromwell LLP, que representa a la Argentina en Nueva York. La apelación formal aún no fue presentada, pero el equipo legal de la Procuración del Tesoro, encabezado por Santiago Castro Videla y coordinado por el subprocurador Juan Ignacio Stampalija, ya trabaja en su redacción. Según trascendió, el Gobierno dispone de dos semanas para cumplir con ese trámite.

El fallo de Preska responde a una demanda impulsada por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de dos empresas del Grupo Petersen, exaccionistas de YPF. La jueza falló en contra del Estado argentino y lo obliga a entregar las acciones “Clase D” de YPF, lo que representa el 51% del capital accionario y significaría la pérdida del control estatal sobre la petrolera. La sentencia, que implica un resarcimiento de 16 mil millones de dólares, fue calificada en Casa Rosada como “dramática” y con consecuencias económicas y políticas de gran magnitud.

El pedido de suspensión argumenta que existen fundamentos legales sólidos para demorar la ejecución: alta probabilidad de éxito en la apelación, riesgo de daño irreparable para el país, y ausencia de perjuicio grave para los demandantes. Además, se mencionan aspectos jurídicos complejos sobre la ejecución de activos de Estados extranjeros, con opiniones divergentes incluso dentro del gobierno de EE.UU.

En paralelo, el presidente Javier Milei se expresó en redes sociales responsabilizando a Axel Kicillof por las consecuencias de la expropiación de YPF en 2012. Aunque el tema no fue tratado en la reunión de gabinete de este martes, fuentes oficiales aseguran que la defensa del Estado se mantendrá firme y que el juicio podría extenderse por años. El Gobierno ratificó su intención de apelar todas las veces necesarias para proteger los intereses del país.