Polémica por el uso de términos discriminativos en un decreto

El Gobierno nacional se encuentra en el centro de una controversia tras la publicación de la Resolución 187/2025 por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis). En el documento, destinado a modificar la evaluación para el otorgamiento de pensiones no contributivas a personas con discapacidad, se emplearon términos considerados discriminatorios y obsoletos, como "idiota", "imbécil" y "débil mental".

La resolución, emitida a mediados de enero, detalla criterios médicos para evaluar grados de discapacidad intelectual, utilizando descripciones como "invalidez laboral" y "retardos mentales". Estas expresiones han sido ampliamente criticadas por organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad, quienes señalan que refuerzan estigmas y violan la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Ante la repercusión negativa, la ANDis emitió un comunicado en sus redes sociales, atribuyendo el uso de dichos términos a "un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta" y asegurando que no hubo intención discriminatoria.

Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), destacó que esta forma de evaluación se dejó de utilizar en la década de 1990 y que su reintroducción representa "un retroceso grave" en materia de derechos y avances médicos relacionados con la discapacidad.

Además de la polémica terminología, la resolución establece evaluaciones de medicina psiquiátrica que remiten a un decreto declarado inconstitucional en 1998, lo que ha generado preocupaciones adicionales sobre la legalidad y pertinencia de los criterios adoptados.

Con información de TN