La Corte desafía al Gobierno y establece que puede funcionar con tres jueces

La Corte Suprema de Justicia emitió una acordada que establece un mecanismo para funcionar con tres jueces y conjueces tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda el 29 de diciembre. Esta decisión busca evitar parálisis en los expedientes por falta de mayorías. Sin embargo, generó disidencias, especialmente del juez Ricardo Lorenzetti, quien criticó la medida al considerarla inoportuna y jurídica y políticamente cuestionable.

El mecanismo aprobado estipula que, en caso de no alcanzarse la mayoría necesaria entre los tres jueces, se convocará a un conjuez por sorteo, seleccionado de una lista previamente aprobada por el Senado. Esto pretende garantizar la continuidad de los casos y evitar decisiones contradictorias en casos análogos. Según la Corte, este sistema asegura seguridad jurídica y uniformidad en las resoluciones, además de evitar bloqueos procesales.

Por su parte, Lorenzetti se opuso argumentando que no era urgente regular una cuestión que no se abordó en más de un siglo. Afirmó que la medida condiciona la llegada de los nuevos jueces propuestos por el Gobierno, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y que el momento elegido para emitir la acordada es discutible. Además, señaló que, en situaciones pasadas, la Corte funcionó con tres miembros sin necesidad de estas disposiciones.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta dificultades para designar a Lijo y García-Mansilla en la Corte. Aunque Lijo obtuvo firmas en comisión, el pliego de García-Mansilla no logró avances suficientes en el Senado. Ante la falta de apoyo político para los dos tercios necesarios, el Ejecutivo evalúa designarlos por decreto, una facultad constitucional que permite nombramientos en comisión durante el receso legislativo.

La intención del Gobierno de nombrar jueces por decreto ha generado tensiones. Milei afirmó que si el Senado no aprueba los pliegos, procederá con esta herramienta. Sin embargo, el juez Lorenzetti, impulsor de la candidatura de Lijo, sostiene que la Corte no debería actuar de forma que condicione a futuros miembros. La situación refleja las diferencias entre los jueces y la incertidumbre sobre cómo se conformará el tribunal en el futuro inmediato.

En este contexto, las próximas semanas serán cruciales para definir el futuro de la Corte Suprema. El debate sobre la designación de jueces por decreto, las objeciones internas en el tribunal y las negociaciones políticas en el Senado perfilan un escenario de alta tensión institucional, con impacto directo en la administración de justicia y en la relación entre los poderes del Estado.

Con información de La Nación