La Justicia argentina ordenó la captura internacional de Maduro

En un fallo que es histórico y de implicancia internacional, la Cámara Federal porteña ordenó este lunes la "inmediata detención" con fines de indagatoria "por graves violaciones a los derechos humanos" del dictador Nicolás Maduro y del otro hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello. Se los encontró responsables de organizar un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos en ese país. Y se solicitó también que se notifique la decisión a Interpol para que se pida su captura internacional a través del sistema de alertas rojas.

La resolución alcanza además a más de treinta jerarcas y militares venezolanos, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia al servicio del régimen.

Así lo decidieron por unanimidad los jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, una semana después del pedido que le hicieron los fiscales José Agüero Iturbe y Carlos Stornelli acompañando el reclamo de una serie de víctimas.

La resolución ordenó que el juez de la instrucción Sebastián Ramos profundice la investigación, que reciba toda la documentación que aportaron los organismos internacionales y las querellas, que escuche a todos los testigos propuestos y que avance con la identificación de quienes pertenecen a las estructuras estatales que están cometiendo delitos de lesa humanidad en Venezuela.

Los jueces hacen historia a nivel internacional por el alcance que puede tener su resolución a la hora en que Maduro y Cabello viajen por el mundo. Estos comprobaron según su resolución que existe en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado -cuanto menos- desde el año 2014 hasta el presente.

Los jueces actuaron sobre una denuncia presentada sobre la base del principio de jurisdicción universal. Este permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos más allá de donde sean cometidos, de la nacionalidad del autor y de la víctima.

Los abogados de las víctimas pedirán la presentación de las órdenes de captura ante Interpol para que esta decida si interpone un pedido de alertas rojas para que, cuando viajen por el mundo exista el marco legal policial para que sean detenidos y extraditados. En la práctica, Maduro y compañía sólo podrían visitar países como China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia o Irán.

Fuente: Clarín