Alejo y Genaro sufren Trastorno Generalizado del Desarrollo y sus terapias corren riesgo

Por Cecilia Corradetti – Especial para La Brújula 24 – [email protected]

Alejo Bianchi y Genaro Barria no se conocen, pero tienen mucho en común: ambos son bahienses, comparten el mismo diagnóstico (Trastorno Generalizado del Desarrollo, conocido como TGD) y quedaron en el medio de un conflicto entre el gobierno y las obras sociales. Esta situación pone en peligro las prestaciones por discapacidad.

Alejo, que tiene 16 años y Genaro de 13, comenzaron a evidenciar estos trastornos en sus primeros años de la vida con la manifestación de deficiencias en diversas áreas del funcionamiento de la comunicación, las emociones y las relaciones sociales, provocando un deterioro generalizado del proceso evolutivo.

Es por eso que ambos necesitan de varias prestaciones para lograr una mejor calidad de vida: psicólogos, psicopedagogos, acompañantes terapéuticos, docentes de apoyo, entre otras.

Sin embargo, esos servicios esenciales fueron cortados por la Superintendencia de Salud, que dejó de girar los fondos correspondientes a las obras sociales para la continuidad de la cadena de pago.

Así, miles de personas con discapacidad corren riesgo de no continuar con sus terapias, a la vez que están en riesgo numerosas fuentes laborales.

Andrea, mamá de Alejo, que tiene la obra social OSPIF, dijo en diálogo con La Brújula 24 que su hijo necesita distintas terapias desde los ocho meses de vida.

“Sin los profesionales que están a su alrededor, no podría ser lo que es ni haber evolucionado tanto”, agregó, para contar que su hijo es fanático de los autos (sobre todo si son antiguos), que ama los midgets y que aprendió los números con las patentes.

La psicopedagoga de Alejo no percibe su sueldo desde el mes de junio, mientras que la misma suerte corren su acompañante terapéutico y psicóloga, que aún llevan más tiempo en esa situación.

“Se tiran la pelota y mientras tanto la gente no puede subsistir. La psicóloga de mi hijo debe pagar alquiler, comer y pagar sus compromisos. Esto no es una pavada, es un tema serio, exigimos que se cubran las prestaciones correspondientes”, dijo Andrea.

“Ellos ya trabajaron, ya facturaron y siguen sin cobrar. Además, siguen acompañando a sus pacientes por buena voluntad”, subrayó, para agregar que se acopló a las distintas manifestaciones llevadas a cabo en Bahía Blanca.

“Vivo todo esto en carne propia y sería imposible desde lo económico tener que pagar en forma particular todo lo que mi hijo requiere. Por otro lado, nuestra obra social cumple, el problema es la Superintendencia de Salud que no les gira los fondos”, se quejó. Agregó que esta lucha no es de ahora, aunque se recrudeció desde marzo.

Natalia y Marcos Barria son los padres de Genaro, quien además de TGD, padece Trastorno del Espectro Autista (TEA) desde los 3 años e indicaron que si bien la obra social pagó siempre con atrasos, estos no superaban los 45 a 60 días. Hoy, la situación con los prestadores se transformó en muy crítica, imposible de sostener.

“Este año iniciamos un reclamo por carta-documento a nuestra obra social, OSPSA Sanidad, ya que la terapista ocupacional inició las sesiones en abril y aún se le adeudan cuatro meses de 2021, es decir mayo, junio, julio y septiembre del año pasado. Después de miles de reclamos de todo tipo, la profesional cobró montos totalmente desactualizados”, recordó Natalia.

“¿Quién puede sostener una vida trabajando hoy para cobrar a los 365 después?”, cuestionó la mamá, para comentar que este año, su terapista aún no ha recibido un solo peso correspondiente a 2022.

“La situación en general es grave y tras los anuncios de ajustes no sabemos cómo seguir. Esto involucra a trabajadores y familias, porque sin esas terapias nuestros hijos no pueden avanzar”, sostuvo.

Natalia continúa en medio de la incertidumbre que afecta a familias y personas con discapacidad de todo el país.

“¿Cómo vamos a seguir? Esta es una lucha que todos deberíamos apoyar, salir a la calle, reclamar, porque se están metiendo con los derechos de las personas más vulnerables, y nadie está exento de tener esta problemática”, enfatizó

Para Francisco, papá de Milagros, quien también padece una discapacidad, el panorama que se avecina es muy difícil, teniendo en cuenta que, según dijo, existen trascendidos que indican que el gobierno pretende estatizar estas prestaciones.

“Nunca los pagos han sido regulares con las obras sociales, pero estamos seguros de que, si los administra el Estado, será aún peor”, sostuvo el papá, para agregar que el mayor conflicto radica en el denominado Fondo Solidario de Redistribución, dinero que pertenece a trabajadores y empresas y que es retenido por el gobierno.

“Circula un borrador que indica que el servicio será estatizado y no quiero imaginarme la burocracia y los manejos que pueden suceder en ese caso. Seguramente si así sucediera se terminaría con estas prestaciones”, adelantó para agregar: “Seguimos defendiendo las prestaciones a través de las obras sociales”.

Francisco se refirió, además, a otro gran inconveniente generado en torno a la falta de insumos como sillas de rueda y otros elementos para personas enfermas.

“El Banco Central no está liberando dólares para que las obras sociales reciban los pedidos. Esto no banal, no se trata de repuestos de autos, se trata de elementos básicos para personas discapacitadas”, sostuvo.

En definitiva, concluyó, como sea el “combo” es complejo: los atrasos, la inflación, la falta de pago y, finalmente, de envío de insumos.

“Todo va en contra de las personas que sufren discapacidad y eso es lo grave: no vemos un panorama claro”, concluyó.