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ALCONADA MON Y LA CAUSA VIALIDAD

“No necesariamente Cristina tenía que dar órdenes para que haya asociación ilícita”

El periodista se refirió al juicio que entre otros imputados tiene a la actual vicepresidenta por el presunto direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez.

Hugo Alconada Mon, periodista y escritor, habló esta mañana con La Brújula 24 sobre el juicio que se lleva adelante en los tribunales federales por el presunto desvío de la obra pública en favor de Lázaro Báez.

El caso, conocido como “Causa Vialidad”, tiene a la actual vicepresidenta de la Nación como principal acusada de integrar una asociación ilícita que le adjudicó al empresario santacruceño obras públicas que, en buena parte, no fueron finalizadas.

“En la causa Vialidad lo que se investiga es si hubo o no un plan delictivo desarrollado desde el Estado nacional para beneficiar a un empresario en particular que era Lázaro Báez. Lo otro es, si existió dicho plan, quiénes estuvieron involucrados. Y lo tercero, si estuvieron involucrados funcionarios, quiénes estuvieron adentro de ese plan en lo que los fiscales definen como una asociación ilícita y cómo se distribuían los roles”, expresó Alconada Mon en el programa “Una buena razón”.

“Si se terminaron las obras o no, no necesariamente es uno de los ejes relevantes. La obra puede estar terminada pero aún así se pudo haber cometido delito y esa es una de las aristas que se está debatiendo en la causa Vialidad”, agregó.

“Hasta ahora los fiscales han mostrado muchas evidencias sobre la línea técnica y los funcionarios de Vialidad y del Ministerio de Planificación Federal hasta el nivel secretarios. Es tema es si llega a probarse responsabilidad penal de Cristina Fernández de Kirchner; ese es el punto clave”, afirmó el periodista.

“La defensa –agregó- lo que plantea es que Cristina estaba muy por encima sobrevolando toda la administración pública nacional como para creer que ella iba a estar levantando el teléfono diciendo ‘quiero que beneficien en esta obra a este señor’. Los fiscales intentan demostrar que no necesariamente tiene que estar la máxima jefa del Estado dándole órdenes a un funcionario para que haya una asociación ilícita para beneficiar a una persona”.

Alconada Mon dio cuenta de uno de los ejemplos que los fiscales expusieron durante la tercera ronda de los alegatos.

“Ayer, el fiscal Luciani habló de una obra pública en particular desarrollada en la provincia de Santa Cruz destinada a la pavimentación de 100 cuadras en loa ciudad de Río Gallegos y mostraron cómo el entonces ciudadano Máximo Kirchner, que no tenía rol ni cargo público alguno en ese momento, le daba órdenes a funcionarios de Vialidad sobre cómo iba la obra. Esos funcionarios, a su vez, a partir del interés de Máximo Kirchner apuraban la licitación o definían tan o cual tema para apurar esa obra pública. De esa manera los fiscales intentan demostrar cómo la familia Kirchner se involucraba de manera directa para beneficiar a un empresario en particular, Lázaro Báez”, mencionó.

También se refirió a otros expedientes conexos a la causa Vialidad.

“Por un lado en la causa Vialidad se observa cómo desde el Estado los Kirchner, según los fiscales, beneficiaron con miles de millones de pesos a Lázaro Báez. Hay otras investigaciones que marcan cómo empresarios como Lázaro Báez le devolvían dinero a aquellos que los habían beneficiado. Así es como tenemos el caso de Hotesur, donde se reconstruyó el caso de cómo empresas de Lázaro Báez alquilaron habitaciones y salones en los hoteles de los Kirchner sin  usar esas instalaciones. Otra investigación es la llamada Los Sauces, donde empresarios como Cristóbal López o Lázaro Báez alquilaba inmuebles de los Kirchner a valores por encima del mercado para devolverle a la familia presidencial parte del dinero”, advirtió.

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