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justicia provincial

Tras un acuerdo con la oposición, Kicillof podrá designar a 62 jueces y fiscales

El Gobernador liberó 31 nombramientos que había promovido Vidal. Y el Senado dio vía libre para aprobar los que impulsa el Ejecutivo.

Finalmente, luego de un largo tironeo de un año y medio, Axel Kicillof y la oposición llegaron a un acuerdo para destrabar la designación de jueces, defensores y fiscales. El Gobernador firmó los decretos de nombramiento de 31 funcionarios que habían sido aprobados por la mayoría de Juntos por el Cambio en el Senado y a cambio en la Cámara alta se le dio el pase a otros 31 pliegos que serán votados en los próximos días y que estaban siendo impulsados por el Ejecutivo. Así lo publica el diario El Día de La Plata.

El acuerdo se produjo en medio del fuerte reclamo de la Suprema Corte que venía planteando la necesidad de cubrir numerosas vacantes que existen en la Justicia.

Concretamente, Kicillof firmó ayer 31 decretos de nombramiento de 13 cargos de agentes Fiscales, 8 jueces de Tribunal Oral en lo Criminal, 5 defensores, 1 asesora de incapaces, 1 defensora Civil Comercial y Familia, 1 juez de Cámara Civil y Comercial, 1 juez de Familia y 1 juez de Garantías. Los cargos corresponden a los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, La Matanza, San Isidro, Bahía Blanca, Lomas de Zamora, La Plata, Quilmes, Moreno- General Rodríguez, Zarate-Campana, Azul y Mercedes. Todos, impulsados durante la administración de María Eugenia Vidal.

Cuando Kicillof asumió el cargo, en el Senado existían 42 pliegos para ser analizados y eventualmente votados. El 7 de septiembre de 2020, el Gobernador solicitó al Senado la devolución de esos pliegos a los fines de hacer un nuevo análisis de las ternas en un plazo de 60 días.

Pero en medio de la pelea política con la oposición, en la sesión del 10 de septiembre de 2020 la mayoría de Juntos por el Cambio rechazó esa solicitud y aprobó 41 de los 42 pliegos.

“Luego de un estudio detallado, según se indicó en Casa de Gobierno, Kicillof firmó el decreto de nombramiento de 31 de esos 41 pliegos.

Entre los nombramientos que han quedado pendientes  se destaca el de Francisco Pont Vergés, actual Secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración, de estrecha relación con el procurador Julio Conte Grand, a quien el Gobierno busca desplazar.

El funcionario judicial quedó en la mira del Frente de Todos luego de que denunciara al entonces Defensor de Casación Mario Coriolano por haber ingresado con una periodista a una unidad del sistema penitenciario y grabar una entrevista con una persona trans detenida, que denunció haber sufrido torturas.

La causa contra Coriolano fue archivada y al poco tiempo de que la entonces gobernadora Vidal enviara su pliego al Senado, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y la Comisión Provincial por la Memoria, enviaron a la Cámara alta distintas notas rechazando su nombramiento como juez del Tribunal de Casación.

Como producto del acuerdo político, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado emitió dictamen favorable para aprobar 31 pliegos enviados por el gobernador el pasado 2 de junio. Así, se allanó el camino para que estas designaciones sean a probadas.

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