El fiscal federal Gerardo Pollicita sostuvo que no existen pruebas suficientes para acreditar que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni se haya enriquecido ilícitamente durante su paso por el Gobierno nacional. Por ese motivo, solicitó que la investigación pase al fuero penal económico para determinar si existió evasión impositiva.

El dictamen fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo y se fundamenta en la imposibilidad de desmentir la explicación brindada por el exfuncionario sobre el origen de su patrimonio.

Adorni aseguró que ya disponía de más de medio millón de dólares antes de ingresar al Gobierno de Javier Milei, producto de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. Sin embargo, reconoció que ese dinero no había sido declarado ante el fisco ni incorporado a sus presentaciones patrimoniales.

Durante la investigación, el exfuncionario modificó sus declaraciones juradas e incorporó USD 565.000 bajo el concepto de "venta de activos", una suma que permitiría justificar las compras inmobiliarias, reformas y viajes que habían despertado sospechas judiciales.

En su dictamen, Pollicita consideró que la explicación resulta poco verosímil y cuestionó la falta de transparencia, aunque reconoció que no pudo desmentirla.

“La tenencia de moneda extranjera que Manuel Adorni exteriorizó mediante las declaraciones rectificativas bajo el concepto de ‘venta de activos’ —USD 565.000 al inicio de 2023—, cuyo origen la defensa sitúa en la operatoria con Bitcoin desarrollada entre 2014 y 2018, no pudo ser desvirtuada por esta Fiscalía”, señaló.

La investigación examinó ocho billeteras virtuales aportadas por Adorni. Si bien pudo comprobarse que tenía acceso a ellas, no se logró establecer si era su propietario cuando se realizaron las operaciones.

“Sin embargo, la prueba reunida no permite descartar que Manuel Adorni haya tenido el dominio de las ocho direcciones durante el período en que operaron”, indicó el fiscal.

También se determinó que los ingresos previos del matrimonio eran compatibles con la inversión inicial declarada.

Ahora será Lijo quien decida si acepta el pedido de trasladar la causa, lo que no implicaría el sobreseimiento de Adorni, sino la continuidad de la investigación por posibles irregularidades tributarias.

Con información de La Nación