Investigan a los dueños de un geriátrico por una estafa millonaria a un abuelo

La Justicia investiga a los responsables de un hogar de ancianos de Punta Alta por una presunta defraudación informática cometida contra uno de los residentes, a quien le habrían solicitado un préstamo por $10 millones y realizado distintas operaciones bancarias sin su consentimiento.

La causa está a cargo de la UFIJ N°20, encabezada por el fiscal Rodolfo De Lucia, y derivó en allanamientos en dos domicilios: Darwin 332, correspondiente a la pareja responsable de la residencia, y Humberto Primo 1076 de la ciudad cabecera del partido de Coronel Rosales, donde funciona el hogar en el que se encontraba alojado el damnificado.

De acuerdo con documentación judicial a la que tuvo acceso La Brújula 24, la medida incluyó además la requisa de Sergio Daniel Escalante y Gisela Ayelén Rodríguez Lara. Los investigadores buscaban teléfonos celulares, tarjetas SIM y documentación relacionada con cuentas bancarias, billeteras virtuales, criptomonedas y datos personales de terceros.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 23 de febrero por José Luis Denápole. Según consta en el expediente, ese día su nieta, María Candela Denápole, se presentó en el Banco Nación para renovar los plazos fijos de su abuelo y descubrió que la cuenta estaba suspendida.

Al comunicarse con la entidad bancaria, la familia fue informada de la existencia de un préstamo por $10 millones que el hombre aseguró no haber solicitado. También detectaron siete transferencias efectuadas entre el 15 de enero y el 15 de febrero, además de otras operaciones y compras que desconocieron.

La documentación incorporada a la causa indica que las transferencias fueron realizadas desde la aplicación BNA hacia cuentas pertenecientes a distintas personas. El denunciante manifestó que no había efectuado esas operaciones y que tampoco conocía a sus destinatarios.

Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, las tareas investigativas permitieron establecer como hipótesis que el responsable del geriátrico y su pareja habrían utilizado los datos de la víctima para acceder al dinero. Para concretar los movimientos habrían recurrido a cuentas de terceras personas como intermediarias y posteriormente transferido las sumas hacia cuentas vinculadas a ellos.

Durante los allanamientos, personal de Cibercrimen Región Interior secuestró teléfonos celulares y documentación. Todo el material será sometido a peritajes con el objetivo de determinar cómo se realizaron las operaciones y reunir nuevas pruebas para avanzar con la causa.