Vence el plazo legal para que el Gobierno pague $2,5 billones a las universidades

El Gobierno nacional enfrenta un vencimiento clave: este viernes debe transferir $2,5 billones a las 56 universidades nacionales, tal como lo ordenó un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que exige aplicar la Ley de Fortalecimiento Universitario. El monto busca compensar la pérdida de poder adquisitivo en salarios y gastos operativos. Frente a este escenario, el Ejecutivo analiza recurrir a la Corte Suprema, en una jugada que, más que revertir la decisión, apunta a dilatar su cumplimiento.

La situación genera fuerte preocupación en la Casa Rosada, tanto por el impacto fiscal como por las consecuencias políticas. En el propio oficialismo admiten la complejidad del escenario y dejan entrever la falta de alternativas concretas. “No sé de qué nos vamos a disfrazar”, reconocen en despachos oficiales ante la inminencia del plazo, mientras que otra frase que circula para explicar la postura del Gobierno es contundente: “No hay plata”.

En paralelo, la comunidad universitaria y los gremios evalúan retomar medidas de fuerza. La posibilidad de una nueva marcha federal, similar a la de 2024, vuelve a tomar fuerza como mecanismo de presión. Incluso se menciona la continuidad de protestas bajo modalidades como los paros “a la japonesa”, con el objetivo de sostener el reclamo sin interrumpir completamente las actividades.

El conflicto se da en un contexto económico adverso, con inflación en ascenso y caída de la recaudación, lo que reduce aún más el margen de maniobra del Ejecutivo. Además, el fallo judicial complica las negociaciones legislativas y expone tensiones internas dentro del oficialismo, donde algunos sectores reconocen errores en la estrategia adoptada frente al tema universitario.

Como alternativa, el Gobierno analiza impulsar un nuevo proyecto de ley que reduzca el impacto fiscal del financiamiento universitario. Sin embargo, desde el ámbito académico rechazan condicionar la discusión a tiempos políticos y advierten que la presión se mantendrá durante todo el año. El desenlace queda abierto entre la vía judicial, la negociación en el Congreso y la respuesta social en las calles.

Con información de Clarín