"Hay límites que no se pueden pasar", dijo uno de los diputados que denunciaron al tuitero bahiense

El diputado nacional Daniel Arroyo se refirió en el programa “Bahía Hoy” a la denuncia penal que presentó -junto a Cecilia Moreau, Santiago Cafiero, Matías Molle, y Leopoldo Moreau- en el Juzgado Federal de Sandra Arroyo Salgado contra varios usuarios libertarios de la red social X, entre ellos el bahiense Tomás Dell Elce.

Según explicó, su intención no es personalizar el conflicto, sino marcar un límite democrático frente a expresiones que, incluso en tono de broma, incitan a actos violentos como “hacer explotar el Congreso” o “sacar tanques a la calle”. “Uno puede discutir si una ley es buena o mala, pero no puede discutir la democracia”, sostuvo el legislador.

La denuncia se enfoca en publicaciones realizadas mientras se debatían leyes vinculadas a la emergencia en discapacidad y jubilaciones. Para Arroyo, estos mensajes constituyen un precedente grave: “Si en Argentina queda claro que esos límites no se pueden pasar, habremos hecho un avance”. Sobre Dell Elce, quien relativizó sus dichos como un chiste, Arroyo señaló que el joven había reclamado la implementación del estado de sitio para frenar las decisiones del Congreso. “No busco personalizar, sino fijar una regla democrática para los próximos 20 años”, afirmó.

Al ser consultado sobre el contexto social, el exministro fue crítico con la dirigencia política. A su juicio, quienes ocupan cargos tienen una mayor responsabilidad: “No tiene la misma responsabilidad un ciudadano común que un dirigente. Mi tarea no es encender la mecha, sino bajar la tensión”. Asimismo, vinculó esta tensión con el clima de violencia verbal creciente, que, en su visión, se agrava cuando no se sancionan límites en el debate público.

Finalmente, Arroyo abordó la ley de emergencia en discapacidad que impulsó y que fue aprobada con respaldo transversal en ambas cámaras del Congreso, aunque ya fue vetada por el presidente Javier Milei. Rechazó los argumentos fiscales esgrimidos por el Ejecutivo y aseguró que la iniciativa no genera un impacto significativo en el presupuesto: “Representa apenas el 0,003% del PBI. Es deuda del Estado con personas con discapacidad”.

A su vez, denunció el estado crítico del sistema de atención y consideró que el Gobierno profundizó la crisis. “Tuvimos dos tercios en Diputados y unanimidad en el Senado. La ley está fuera de la grieta. Ojalá el Gobierno no la vete”, concluyó.