El juez "tira piedras", cada vez más cerca del juicio oral

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca ratificó el procesamiento del juez Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, por hechos de violencia cometidos contra seis trabajadores judiciales. Según el fallo firmado por los camaristas Silvia Fariña y Pablo Candisano Mera, se lo acusa de lesiones leves y graves, amenazas simples y coactivas. La resolución subraya que estos actos ocurrieron “en un contexto de violencia, maltrato laboral y, en el caso de las mujeres damnificadas, de violencia de género”. Se trata de un magistrado que tuvo activa participación en Bahía Blanca, en el marco de los juicios dentro de la causa V Cuerpo, por delitos de lesa humanidad.

El tribunal de alzada no solo confirmó el procesamiento dictado en noviembre del año pasado por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, sino que también lo amplió. Se incluyó un nuevo cargo por abuso de autoridad, al considerar acreditado que Díaz Lacava habría ordenado a un agente policial desmantelar un vehículo oficial destinado a la custodia. Asimismo, se incorporaron nuevos hechos de amenazas simples y lesiones leves, al revocar un sobreseimiento que había sido dictado previamente, por un episodio en el que el juez arrojó una piedra desde la calle a la oficina del tribunal y luego ingresó riéndose, diciendo que era una broma.

La Cámara subrayó que aunque esa piedra no causó daños materiales ni físicos, “el acto forma parte del conjunto de conductas, acciones y actitudes llevadas a cabo por el imputado, durante un prolongado periodo de tiempo para amedrentar e intimidar a los secretarios”. Los fiscales Iara Silvestre y Horacio Azzolin intervinieron en el proceso, con apoyo de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a Víctimas (DOVIC) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

El juez también fue procesado por desobediencia, al considerar que violó las restricciones de acercamiento impuestas cautelarmente respecto de las víctimas, y por retardo de justicia, por postergar actos procesales que afectaron causas en las que intervenía. Sin embargo, la Cámara revocó el procesamiento en un hecho y confirmó el sobreseimiento en otro, ambos vinculados a órdenes sobre bienes afectados al servicio de justicia, considerados como abuso de autoridad por el Ministerio Público Fiscal.

Los jueces remarcaron la necesidad de analizar el caso en función de derechos fundamentales como la dignidad, la libertad y la integridad psíquica y física en el trabajo, todos con máxima protección en el derecho argentino. También destacaron la relación de subordinación entre las víctimas y el imputado, lo que agrava la situación de vulnerabilidad. En ese marco, hicieron hincapié en que el Estado argentino, a través del Poder Judicial, debe redoblar sus esfuerzos para perseguir, investigar y sancionar a quienes cometan actos de violencia de género y laboral, incluso cuando se trate de magistrados.

Finalmente, el fallo menciona informes del Cuerpo Médico Forense y de la DOVIC, los cuales concluyeron que las personas afectadas —especialmente las mujeres— fueron víctimas de violencia psicológica laboral por parte de Díaz Lacava. Los testimonios de las víctimas y los testigos dan cuenta de una conducta sistemática de maltrato verbal, hostigamiento, acoso, y ataques de ira por parte del magistrado. Esta situación generó un ambiente laboral basado en el “terror y la persecución”, que afectó gravemente la salud de los trabajadores del tribunal, más allá de cualquier exigencia habitual en el ámbito judicial.