La defensa de AEC pidió apartar a los fiscales y sacar la causa de Bahía Blanca

La defensa de Claudio David Montiel, el sindicalista de Empleados de Comercio detenido por los incidentes en el shopping, recusó al fiscal general Juan Pablo Fernández y a la fiscal Marina Lara, cuestionó la imparcialidad del Ministerio Público Fiscal y solicitó que la investigación sea remitida fuera del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El planteo fue presentado por los abogados Sebastián Martínez y Gaspar Narváez en el marco de la causa que investiga los incidentes ocurridos durante una protesta del Sindicato de Empleados de Comercio en el shopping. La recusación apunta directamente a las declaraciones públicas realizadas por Fernández, quien días atrás había calificado al imputado como “un energúmeno” y “un patotero” en una entrevista con La Brújula 24.

Según el escrito, esas manifestaciones constituyen una “exteriorización anticipada, reiterada y valorativa de una hipótesis incriminante”, incompatible con el deber de objetividad que debe regir la actuación del Ministerio Público Fiscal. La defensa sostiene que ese posicionamiento afecta la presunción de inocencia y compromete la imparcialidad en la conducción de la investigación.

En esa línea, los abogados también cuestionaron que el fiscal general haya señalado públicamente que “el Ministerio Público tiene que actuar para mandar la señal que corresponde”, al interpretar que la causa estaría siendo utilizada con un fin ejemplificador. “No se trata de un proceso penal donde lo que se intenta es la reconstrucción de la verdad histórica”, plantearon.

El pedido de recusación incluye además a la fiscal Marina Lara, a quien los defensores atribuyen una actuación “precipitada y endurecida” en línea con las declaraciones de su superior jerárquico. En ese punto, remarcan que la investigación avanzó con medidas de coerción mientras, según afirman, la defensa no contaba con acceso pleno a todas las actuaciones.

Entre otros aspectos, señalaron que existieron demoras en la disponibilidad de piezas clave del expediente y cuestionaron la aplicación de medidas de secreto, al sostener que no pueden justificar retroactivamente la falta de acceso previo a información relevante.

Asimismo, indicaron que la actuación de la fiscal no puede analizarse de manera aislada, sino en el marco de una “secuencia institucional” donde el fiscal general habría fijado públicamente una interpretación del caso antes de que se consolidaran las decisiones procesales.

En el planteo, los defensores solicitaron que se fije una audiencia para ampliar los fundamentos de la recusación y que, en caso de hacerse lugar, ambos fiscales sean apartados de la causa, sin posibilidad de continuar interviniendo.

Además, pidieron que se evalúe la remisión del expediente fuera de la jurisdicción local, al considerar que la exposición mediática y las declaraciones públicas afectan las garantías del debido proceso.

El caso se originó a partir de los incidentes registrados en el shopping durante una protesta sindical, por los cuales Montiel fue detenido e imputado por coacción agravada, entre otros delitos. La investigación continúa en etapa preliminar y restan diversas medidas de prueba, entre ellas el análisis de registros audiovisuales y pericias.

El análisis del exfiscal Christian Long, columnista del programa "Bahía Hoy":

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