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Diez años después
Luego de más de una década, un expediente judicial fue cerrado. El "anónimo" que impulsó todo y sus verdaderas razones. Además, un político gomero solidario. La Municipalidad pidió El Cholo. Y más...
Tras una década, cayó una causa armada
En 2014 llegó a la Justicia un "anónimo" en el cual se denunciaba una “estructura del poder paralelo” en Bahía Blanca. Allí se enumeraban hechos públicos protagonizados por los empresarios Gustavo Elías, Gustavo Damiani y Maximiliano Di Federico, como el real interés por los medios de comunicación. Pero se agregaban graves "fake news", con la única intención de que alguien en la Justicia recogiera el guante y tuviera un motivo para crear una causa judicial.
El “anónimo”, con pluma de un pseudo periodista, se habría redactado en una casa de "amigos". El texto fue “recibido” por el entonces fiscal federal Alejandro Cantaro, que se hizo el sorprendido y que -curiosamente- semanas antes había apuntado a uno de los medios en los que había desembarcado el grupo empresario: La Brújula 24.
Detrás de aquel allanamiento hubo un objetivo puntual: evitar que se siguieran difundiendo y analizando escuchas de la banda narco de Juan Ignacio Suris. No era antojadizo: en esos audios se revelaban audios del propio Suris en los que admitía contactos con la fiscalía que dirigía Cantaro.
Las historia se explica sola: unos años después, Cantaro quedaría procesado acusado de proteger bandas narcos. Huelgan los comentarios.
Aquel anónimo sirvió para mantener una causa viva más de una década. Hace unos días, tras una “instrucción” interminable, cambios de jurisdicción e idas y vueltas de múltiples fiscales y magistrados, finalmente el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, decidió cerrar la causa y sobreseer a los empresarios. En su resolución, el funcionario federal no ignoró el delirio de lo que había significado la causa: en sus fundamentos expuso duras críticas sobre los años que permaneció abierto el expediente y, por supuesto, por el “anónimo” que dio el puntapié inicial.
“La presente causa se inició con una denuncia realizada el 4 de agosto de 2015 desde la cuenta [email protected] a un correo electrónico de la ProCELAc -Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, dependiente de la Procuración Gral. de la Nación- que versaba sobre vínculos entre el periodismo con empresas de la localidad de Bahía Blanca. En la denuncia se indicó que esa sociedad había adquirido y administrado una emisora de radio fuera de los márgenes de la ley de servicios de comunicación audiovisual”, rememora el juez.
Y agrega: “Debo comenzar por decir que la forma en la cual se inició el presente expediente, por medio de una denuncia anónima donde se esbozaban teorías sobre hechos y delitos y se entrelazaban personas y empresas, resultó ser un tanto anómala ya que pareciera albergar inconsistencias y apreciaciones presuntivas o, mejor dicho meramente especulativas, que de allí en más, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en pos de lograr el objetivo de investigar los hechos, ello no pudo verse reflejado en las actuaciones. La llamada fishing expeditions, como se conoce en la comunidad internacional o excursión de pesca para es un concepto que alude a una investigación sin un objeto preciso y debidamente delimitado desde sus comienzos”.
Más adelante, el magistrado da una idea que se acerca bastante a las oscuras y verdaderas motivaciones de quien planificaron la operación: “Más allá de la muy vaga descripción inicial del denunciante anónimo, que hace referencia a personas físicas y jurídicas, cargos, lugares de poder, etc., lo cierto es que se entrelazan situaciones que parecen más ligadas a rivalidades o rencores que a hechos delictivos en sí. Nótese sobre el particular que ninguna de las agencias más tarde consultadas había advertido sobre alguna irregularidad o tenía registros sobre esos temas en referencia a las personas o empresas mencionadas en la denuncia”.
“No puede admitirse el intento de ventilar cualquier controversia por medio de una causa penal como parece desprenderse de la presente a poco de analizar la denuncia que le diera origen y las constancias arrimadas a partir de ella. La actividad desplegada por el Estado no puede transformarse en una excursión de pesca que no pueda ser corroborada un mínimo de prueba de culpabilidad del sujeto. De esta manera, todo el andamiaje que a través de estos diez años se fue colectando por hechos que se habrían comenzado a gestar en el año 2012 y que en principio no parecían tener connotaciones delictivas, cae por su propio peso. A esta altura del análisis de los antecedentes y las constancias causídicas, corresponde observar que luego de más de diez (10) años de iniciado el expediente no se han constatado aún concretos movimientos compatibles con lavado de activos u otros delitos conexos con el mismo”, suma en otro párrafo Baric.
“En España la situación tiene similar tratamiento al que se le da en nuestro país. La Audiencia Provincial de Madrid, confirmó el auto de sobreseimiento y archivo dictado por un juez de instrucción y recuerda la prohibición de investigaciones prospectivas, como allí son llamadas, o la excursión de pesca o la fishing expedition. Se trataba de la apertura de una causa penal por una mera sospecha a la cual se le fueron adunando, según se van produciendo los acontecimientos, ampliaciones de las conductas punibles o las diligencias necesarias para acreditarlo, constituyendo una verdadera causa general que tiene por objeto la búsqueda de posibles delitos que se hayan podido cometer por la persona investigada.”
Y agrega: “Las sospechas con la cuales se dio inicio al presente expediente tuvieron su cimiento, en definitiva, en prejuicios incompatibles con el principio de inocencia, igualdad ante la ley y no discriminación, en tanto se basaron en suposiciones sobre personas y sociedades. Puede observarse, por tanto, que el avance de la pesquisa no se motivó en sospechas suficientes vinculadas con la comisión de un ilícito, sino -antes bien en corroborar una sospecha basada en prejuicios inadmisibles”.
Sobre el colofón del fallo, indica que “tal como expresé a lo largo del presente resolutorio, no surge de la denuncia inicial cuál sería el hecho con relevancia jurídico penal que se investigaba. Lo cierto es que, al día de la fecha, a más de una década de iniciado el expediente y unos catorce años de ocurridos los presuntos hechos, no se ha delimitado puntualmente el objeto procesal de las actuaciones y no se vislumbra que esa situación pueda avanzar o variar en un futuro mediato, por lo que no queda al suscripto otro camino que el cierre de las mismas”.
En definitiva, Baric da por terminada una causa que fue impulsada por actores anónimos -o no tanto- y "blanqueada" por un fiscal condenado por encubrir narcos. No es difícil imaginar el daño que una causa armada puede provocar, tanto en el desarrollo social como económico, en los acusados falsamente. Ya lo dice el viejo apotegma de los tribunales: un largo proceso es la condena.
Dos de los impulsores de la causa hasta llegaron personalmente hasta la Procuración General de la Nación con la intención de que la causa no muera. Esos personajes, pertenecientes al statu quo bahiense, nunca toleraron que nuevos actores pretendan participar de la vida pública de la ciudad. Es que sus privilegios se pusieron en riesgo. Y eso les parece imperdonable.
Cultura
Tal como ocurrió en tiempos pasados, la presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo, quiere que el recinto del deliberativo local ubicado en Sarmiento 12, sea un lugar en el que bandas y artistas de la ciudad puedan presentarse y realizar actuaciones abiertas y con entrada gratuita para el público en general.
En los próximos días Caputo se reunirá con Natalia Martirena, directora del Instituto Cultural y miembro del gobierno de Susbielles, para dialogar acerca de cómo se podría llevar adelante la idea. Si todo sale bien, quizás para el otoño ya puedan darse las primeras presentaciones.
Ceder
El intendente Federico Suisbielles adelantó que pedirá a la Nación que el Municipio y el Puerto puedan intervenir en Sesquicentenario para hacerlo transitable nuevamente. Por otra parte, no se descarta pedir que se ceda al Ejecutivo local la obra del derivador de El Cholo, para que sea concesionada por privados, finalizarla, e instalar un peaje para el recupero del dinero invertido.
De ocurrir, no sería la primera vez que Milei delega obra pública iniciada por Nación a provincias o municipios. De hecho, en 2024, traspasó 258 obras a varios distritos. Ninguna se cedió a la Provincia de Buenos Aires, y solo se firmaron convenios con tres municipios bonaerenses: Campana, Almirante Brown y San Miguel.
Cabe recordar que la obra está casi en un 50 por ciento de ejecución, y que el secretario de Obras Públicas de la Comuna, Gustavo Trankels, indicó que lo construido no se dañó por el paso del tiempo, aunque sí será necesario intervenir las rampas de tierra, que fueron cediendo un poco.
Caballero
Una situación muy peculiar se vivió durante la noche del último domingo en la estación de servicio que se encuentra a metros del ingreso al Bahía Blanca Plaza Shopping. Allí, un móvil policial se encontraba detenido con un neumático totalmente desinflado.
Quien irrumpió en la escena fue un exfuncionario del municipio durante la gestión de Héctor Gay para tender una mano a las dos oficiales que se movilizaban en el patrullero. Estamos hablando de Tomás Marisco, quien se puso a disposición para ayudar.
Mostrando sus dotes de ferretero (es uno de los titulares de la firma Lüsqtoff) y vinculado al mundo de los fierros, Marisco le aplicó las libras necesarias a la cubierta para que la unidad pueda seguir circulando. No solo demostró ser un caballero, sino que también hay políticos que saben de estos menesteres mecánicos.

Ilustres
El pasado miércoles el HCD declaró ciudadanos ilustres post mortem a Rubén Zalazar, quien falleció durante la inundación en el intento por rescatar a las hermanas Delfina y Pilar Hecker; y al periodista Nelson Zini, de quien quizás no se ha hablado tanto, pero que también murió en la devastadora tormenta.
Nelson, ese viernes 7 de marzo, al ver que las calles de su barrio estaban de cordón o cordón, rebalsadas de agua, decidió junto a otros vecinos de Pedro Pico intentar destapar los desagües y las bocas de tormenta. Luego moriría al ser arrastrado adentro de una de ellas. Nuestro colega falleció tratando de ayudar al prójimo. Más allá del dolor, es un merecido reconocimiento para ambos. Sus familias y seres queridos pueden estar orgullosos.
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